El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió este miércoles apartar preventivamente al juez Ernesto García Maañón, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro.

La decisión fue tomada en el marco del jury iniciado en su contra por seis cargos que incluyen acusaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, malos tratos a empleados y funcionarios, uso indebido de recursos del Estado, abuso de poder, presiones sobre testigos y una delegación irregular de su firma digital.

Ahora, el proceso continúa con el análisis de los cargos contra el magistrado -que ya estaba de licencia por disposición de la Suprema Corte de la Justicia bonaerense- y la producción y valoración de la prueba.

El jurado a cargo del jury está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por los conjueces abogados Iván Roberto Ponce Martínez, Lisandro Daniel Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold. También participan como conjueces legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco.

El origen del caso se remonta a julio de 2025, cuando una funcionaria judicial que trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro presentó una denuncia contra García Maañón ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Lo acusó de acoso sexual y laboral y de abuso de poder.

Según la presentación, los episodios habían comenzado meses antes y se vinculaban con mensajes y comunicaciones que el magistrado le habría enviado, con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta y propuestas de encuentros personales. La funcionaria también aportó chats y audios como elementos de prueba.

La denuncia derivó en un sumario administrativo dentro de la Suprema Corte y en una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo.

A partir de las actuaciones, la Procuración General bonaerense, entonces encabezada por Julio Conte-Grand, presentó en noviembre de 2025 una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Esa presentación constituyó el primer paso formal para avanzar con un eventual jury contra el magistrado.

La acusación de Conte-Grand no se limitó a la denuncia por acoso. A partir de lo investigado, incorporó también señalamientos por presunta violencia laboral, abuso de poder, utilización de recursos humanos y materiales del Poder Judicial en beneficio propio y presiones sobre testigos.

Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó su propia denuncia, que quedó acumulada al expediente iniciado por la Procuración General.

El representante del Ministerio Público Fiscal formuló seis imputaciones contra García Maañón, vinculadas con su desempeño y con distintas situaciones ocurridas en el ámbito laboral e institucional.

El primer cargo apunta a supuestas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.

El segundo refiere a malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, que, según la acusación, se habrían manifestado a través de expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias, descalificaciones y comportamientos de carácter autoritario.

La tercera imputación está relacionada con la presunta utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal.

El cuarto cargo señala un trato irrespetuoso hacia superiores, además de la utilización de referencias a su poder institucional con el objetivo de intimidar.

El quinto punto de la acusación se vincula con presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones que pudieran resultar perjudiciales para el magistrado.

Por último, el Ministerio Público Fiscal le atribuye una delegación irregular de la firma digital, en lo que considera una violación manifiesta de la normativa vigente.

Con la decisión de apartarlo preventivamente, el jury avanza sobre una serie de acusaciones que comenzaron con una denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una funcionaria judicial y que luego se ampliaron a otros presuntos incumplimientos vinculados con el ejercicio del cargo. El proceso deberá determinar ahora la responsabilidad del magistrado frente a cada uno de los cargos formulados.