La suba sostenida en los niveles mora sigue dando que hablar y genera preocupación tanto en el ámbito público como el privado. En ese marco, el sector bancario presentó ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) un conjunto de propuestas destinadas a ordenar la situación de las familias con dificultades de pago, sin resignar el resguardo del sistema financiero.

La iniciativa, elevada por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), busca "facilitar soluciones tempranas y sostenibles para las personas que atraviesan dificultades transitorias de pago, procurando al mismo tiempo preservar el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero".

El eje central de la propuesta pasa por la utilización de mecanismos regulatorios que permitan a las entidades financieras flexibilizar la clasificación de deudores y el registro contable de los saldos en mora. Según explicó Abappra, que nuclea en su mayoría a entidades públicas, ese cambio facilitaría "la mejora en las condiciones de refinanciación que estas pueden ofrecer a las personas con dificultades de pago". La Asociación remarcó además que este tipo de herramientas "ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de stress sistémico y que resultaron virtuosos", en referencia a experiencias previas de flexibilización regulatoria frente a escenarios de deterioro generalizado de la cartera crediticia.

De esta manera, la propuesta apunta a modificar el modo en que los bancos registran contablemente a los clientes en situación irregular, lo que en la práctica condiciona el margen que tienen las entidades para ofrecer nuevas condiciones de pago. Cuando un deudor cae en determinadas categorías de mora, los bancos deben constituir mayores previsiones y enfrentan restricciones para refinanciar esos saldos, lo que limita la capacidad de negociar planes de pago más accesibles. Flexibilizar esos criterios, según plantea Abappra, ampliaría el margen de maniobra de las entidades sin necesidad de asumir mayores riesgos regulatorios.

El deterioro de los indicadores no es un dato menor. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora de los créditos a las familias se mantuvo en junio en 12,8%, después de dieciocho meses consecutivos de aumento.

Sin embargo, la cifra más que se duplicó en la comparación interanual: en junio de 2025 el indicador se ubicaba en 5,2 por ciento. Dentro de ese universo, los préstamos personales treparon a 16,4% de irregularidad y los prendarios a 7,9%, mientras que los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6 por ciento. Las tarjetas de crédito, en cambio, mostraron una leve mejora hasta 12,6%, lo que ayudó a contener el promedio general del segmento.

En total, hay casi seis millones de personas en mora en Argentina, una cifra que resulta llamativa en comparación con otros períodos recientes.

El fenómeno también se refleja en la comparación regional. Un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos ubicó a la Argentina como el país con mayor irregularidad crediticia de los dieciséis relevados, con 7,3% (dato de marzo) de la cartera de préstamos al sector privado en situación de mora, frente a un promedio regional de 2,78 por ciento. A la vez, el ratio crédito/PBI local se ubicó en 14,3%, el más bajo de la región, cuyo promedio es de 47,3 por ciento. La combinación de ambos datos describe un sistema financiero con escaso volumen de financiamiento y, al mismo tiempo, con un nivel de incumplimiento elevado dentro de ese universo reducido.

Además del pedido de flexibilización contable, Abappra propuso avanzar hacia criterios homogéneos entre los distintos proveedores de crédito en materia de evaluación de capacidad de pago, información y transparencia. El objetivo, según el comunicado, es "generar condiciones que permitan anticipar situaciones de dificultad y ofrecer alternativas antes de que los problemas de pago se profundicen". Esta segunda pata de la propuesta busca equiparar las reglas entre bancos, fintech y otros proveedores de financiamiento no bancario, un segmento que en la actualidad concentra una porción relevante de los créditos en situación irregular.

La entidad fue explícita en delimitar los alcances de la iniciativa. "La propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias, mejorar la información disponible y generar herramientas que contribuyan a sostener una relación crediticia saludable", señalaron desde Abappra. La aclaración apunta a diferenciar la propuesta de una condonación o de un esquema uniforme de alivio, y a circunscribirla a los casos de dificultades de pago consideradas transitorias.

Con ese planteo, la cámara se puso a disposición de las autoridades nacionales para constituir mesas técnicas de trabajo que permitan evaluar la implementación concreta de las propuestas formuladas. La convocatoria a un ámbito técnico conjunto marca la instancia en la que se encuentra actualmente la iniciativa, todavía sin definiciones sobre los mecanismos puntuales que podría adoptar el Banco Central.

Desde la autoridad monetaria, mientras tanto, ya habían descartado la posibilidad de fijar topes a las tasas de interés como respuesta al cuadro de morosidad, una herramienta utilizada en gestiones anteriores. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó en ese sentido que los indicadores de mora no responden a cambios abruptos: "Es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas". Como ejemplo, precisó que una persona que accede a la refinanciación de su crédito permanece nueve meses en la categoría 5, la de deuda incobrable, antes de poder pasar a la categoría 1, correspondiente a una deuda al día.