Luego del desalojo parcial de dos predios ubicados en cercanías de Villa La Angostura, la semana pasada, la defensa de las comunidades acusadas de usurpar los predios afirmó que tras la ejecución frustrada quedó suspendido el desalojo, aunque fuentes con acceso al expediente confirmaron que el operativo podrá concretarse próximamente.

A través de las redes sociales, las comunidades difundieron imágenes celebrando la supuesta suspensión de la medida.

"Orden de desalojo suspendida, más no anulada. Momentos para festejar y descansar" [sic], difundieron las comunidades a través de las redes.

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, aseguró en diálogo con medios locales que "la Justicia suspendió el desalojo" del predio que ocupa la comunidad Quintriqueo (también identificada como Kinxikew).

Según explicó el letrado, el desalojo no puede considerarse concretado parcialmente. Por el contrario, al no haberse podido completar la diligencia, "el procedimiento quedó frustrado y deberá analizarse cómo continuar".

Sin embargo, luego de sus declaraciones, fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes confirmaron a Infobae que "la medida no se suspende, sino que se debe librar un nuevo mandamiento".

El operativo se realizó a mediados de la semana pasada, cuando efectivos de la Policía de Neuquén, funcionarios judiciales y representantes de distintos organismos ingresaron a un predio ocupado por la lof Melo, con el objetivo de desalojar a las comunidades que residían allí, efectivizando una orden dispuesta por el juez Francisco Astoul Bonorino.

La medida se cumplimentó en uno de los lotes usurpados, situado en la costa del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, cuando debían avanzar sobre otra fracción del predio en conflicto ?ubicada frente al sitio recuperado?, los oficiales de Justicia no lograron avanzar, debido a la ausencia de funcionarios de minoridad.

Sánchez hizo referencia a la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos, aprobada mediante el Acuerdo 5843, y aseguró que "si el desalojo no puede concretarse, corresponde dar por frustrada la diligencia y solicitar un nuevo mandamiento, en caso de que se pretenda avanzar nuevamente con la medida".

Interpretó entonces que el desalojo fue suspendido y afirmó que el proceso actual "no define la situación de las tierras", aunque consideró posible la instauración de un espacio de diálogo para avanzar en la resolución del conflicto.

Para la contraparte, la medida sigue vigente y solo deberá emitirse un nuevo mandamiento. Fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes contrastaron la interpretación del abogado de las comunidades y afirmaron que "la resolución no suspendió el desalojo, sino que dispone un nuevo paso procesal para poder continuar con la ejecución de la misma".

De acuerdo con esa explicación, el juez Francisco Astoul Bonorino resolvió que, al no haberse podido completar el procedimiento en algunos sectores del predio, corresponde emitir un nuevo mandamiento de desalojo.

El litigio territorial es histórico. El conflicto entre las comunidades Melo y Quintriqueo y la propietaria del predio privado de 624 hectáreas en Bahía Huemul, cerca de Villa La Angostura, comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la familia Melo ocuparon el lugar y luego se sumó la comunidad Quintriqueo.

Las comunidades reivindican el territorio como ancestral y sostienen que sus familias tenían presencia allí desde 1928, mientras que la propietaria presentó documentación registral y obtuvo fallos judiciales favorables.

La Justicia ordenó el desalojo en 2016 y la sentencia quedó firme tras sucesivas apelaciones, pero su ejecución se demoró hasta agosto de 2026, cuando se recuperó parcialmente una fracción del predio. El caso reavivó la tensión entre las comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén, que sostiene que se trata de un conflicto entre privados y que actuó únicamente en cumplimiento de una orden judicial.