El Gobierno ratificó al licenciado Vicente Alberto Pollola en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos por un período de dos años.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 277/2026 en el Boletín Oficial. De igual forma, la normativa también menciona que la desgianción será sometida al análisis de la comisión ejecutiva.

La designación de Pollola responde a una moción sometida y aprobada durante la 161° reunión de Plenario de Representantes, donde se propuso su continuidad al frente de la Dirección Ejecutiva durante el nuevo período. Como consecuencia de esta decisión, se abroga la Resolución de Plenario de Representantes N° 266/2024 a partir del 1 de mayo de 2026.

Pollola había sido previamente designado como Director Ejecutivo a cargo de la Comisión Federal de Impuestos mediante la Resolución de Plenario de Representantes N° 261/2024, en carácter transitorio hasta que se produjera una nueva designación. Posteriormente, la Resolución N° 266/2024 le otorgó un incremento salarial en concepto de subrogación del cargo.

En el punto octavo del orden del día de la 161° reunión de Plenario de Representantes, se puso a consideración la permanencia de Pollola en el cargo de Director Ejecutivo. La moción de mantenerlo por dos años más fue aprobada por los representantes presentes. Se dispuso que seis meses antes del término del mandato, el tema sea tratado nuevamente en el Comité Ejecutivo para definir la continuidad o eventual relevo del funcionario.

La designación de Vicente Alberto Pollola como Director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos se formalizó tras el aval del Plenario de Representantes, estableciendo su continuidad hasta abril de 2028 y la revisión anticipada de su gestión antes del vencimiento del nuevo mandato.

Por medio de la Resolución 287/2026, el Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos aprobó el nuevo texto de la Ordenanza Procesal, que entrará en vigencia el 18 de agosto de 2026 y reemplazará íntegramente la normativa vigente desde 2004.

La nueva reglamentación implica una revisión integral del procedimiento de actuación ante el organismo e incorpora la creación de un Libro Digital Permanente de Domicilios Electrónicos para notificaciones oficiales.

El proceso de reforma se inició en abril de 2025, a partir de lo propuesto por el Comité Ejecutivo y la decisión del Plenario de avanzar de manera progresiva en la actualización de los reglamentos. Posteriormente, se constituyó un grupo de trabajo específico para analizar y proponer modificaciones a la Ordenanza Procesal vigente, que funcionó bajo la órbita de la Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal.

Durante el proceso de revisión, se alcanzaron consensos sobre la necesidad de adecuar la normativa bajo principios de informalidad, sencillez, celeridad y eficiencia. La principal divergencia se centró en el rol de los contribuyentes y asociaciones reconocidas en el procedimiento: si debían ser considerados únicamente como denunciantes o mantener también la condición de parte, como establecía la normativa anterior. Finalmente, el Plenario resolvió por mayoría que los contribuyentes y sus asociaciones actuarán solo como denunciantes, excluyéndolos de la calidad de parte en los procedimientos, según lo dispuesto por el artículo 11, inciso d) de la ley convenio 23.548.

La votación, realizada con la presencia de diecinueve jurisdicciones y seis ausentes, arrojó dieciocho votos afirmativos y uno negativo –de la representación de la Nación–, que expresó formalmente su desacuerdo con la exclusión de los contribuyentes como parte del procedimiento.