Mientras se prepara para tratar en el Senado los próximos pliegos, de una larga lista de candidatos a jueces que todavía están a la espera de conseguir el aval del recinto, el Gobierno ya piensa en sumar poder en el Consejo de la Magistratura, que se encarga de proponerlos, desplazarlos y sancionarlos.

Desde que Juan Bautista Mahiques llegó al Ministerio de Justicia, de la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el oficialismo comenzó un proceso para ordenar todo el sistema judicial, por lo que este influyente organismo aparece como un paso clave hacia ese objetivo.

El cuerpo está encabezado, como marca la Constitución, por el titular de la Corte Suprema, que es Horacio Rosatti, pero tiene además a representantes de diferentes sectores de la sociedad que son elegidos para un periodo determinado.

Por el estamento de los jueces, por ejemplo, actualmente están Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; por los abogados Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y Fernanda Vázquez; por el ámbito académico Hugo y Guillermo Tamarit; por el Poder Ejecutivo Santiago Viola; por el Senado Anabel Fernández Sagasti, Luis Juez, Mariano Recalde y Eduardo Vischi, y por Diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Excepto para Rosatti y los legisladores, el resto de los mandatos vencen en noviembre de este año, por lo que cada sector debe tener sus comicios internos en los próximos meses.

El primer conflicto surgió de la mano de Barroetaveña y De la Torre, quienes presentaron planteos en el fuero Contencioso Administrativo para que se determine si pueden postularse para un nuevo periodo en el Consejo, ya que la ley permite diferentes interpretaciones.

A esta medida se sumaron posteriormente, mediante una acción declarativa de certeza, los jefes de los bloques peronistas en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Germán Martínez, interesados en renovar también a sus representantes en el organismo.

La decisión no fue casual, sino que correspondió a una estrategia para evitar que el PJ perdiera lugares: si bien las bancas para los legisladores no tienen "vencimiento" fijo, son las propias Cámaras las que nombran a sus enviados.

Por norma, de las cuatro sillas que se les da a cada recinto del Congreso, dos le corresponden a la primera minoría y las otros dos se reparten entre el segundo y el tercer bloque más numeroso.

Cómo la última renovación se hizo antes de que La Libertad Avanzara ganara las elecciones nacionales, por el momento los lugares para los diputados son de los kirchneristas Tailhade y Siley; del macrista González y del oficialista Roca.

En el senado, la situación es muy similar y dos bancas fueron para el peronismo, las de Sagasti y Recalde, mientras que la UCR y LLA se dividieron las de Vischi y Juez, respectivamente.

Sin embargo, en el 2025 el esquema parlamentario cambió y el Gobierno se convirtió en el bloque con más integrantes en la Cámara baja e igualó al peronismo en la alta, por lo que pedirá que ese escenario se traslade también al Consejo de la Magistratura.

"No es que se van a reclamar los lugares, nos corresponden, no hay que pelear nada y ya está todo definido", aseguró a Infobae una fuente de la mesa judicial que conoce de cerca las negociaciones.

Para el caso de Diputados, la diferencia con el kirchnerismo es clara, por lo que próximamente la bancada encabezada por Gabriel Bornoroni va a proponer dos candidatos: en caso de que quede habilitado, Roca irá por su segundo mandato y a él se le sumará un compañero de bloque.

"Hay tiempo para decidir quién va a ser, pero por ley tiene que ser un abogado, así que no hay muchas opciones tampoco. Entre ellos se elegirá a uno", indicaron desde el oficialismo.

Uno de los legisladores que cumple con esos requisitos es Sebastián Pareja, pero estaría descartado por sus compromisos como armador bonaerense que le restan tiempo para ocuparse de otros temas.

Quienes aparecen, entonces, como posibles aspirantes son Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Antonela Giampieri, Laura Godoy, Maira Frías, Luis Petri y Alejandro Fargosi

En el Senado, el marco es diferente ya que La Libertad Avanza y la bancada Justicialista, que lidera Mayans, están empatados con 21 integrantes cada uno, por lo que se abre otra discusión.

El peronismo cuenta a los aliados de Convicción Federal y Justicia Social Federal, por lo que suma a otros 5 miembros y reclama así la primera minoría, a pesar de que no están -todavía- dentro de un mismo interbloque.

El oficialismo rechaza esta idea: "Para el caso nosotros tenemos 42 miembros (por todos los que suelen votar junto al Gobierno), entonces", sostuvo a este medio una fuente de la bancada que encabeza Patricia Bullrich.

En este sentido, en el sector de los libertarios niegan cualquier estrategia parlamentaria que se haga solamente con el objetivo de conseguir un segundo lugar en el Consejo de la Magistratura.

"No existe la figura del interbloque, eso ya se hizo y fracasó. No hay cabida para las tretas del pasado", aseguran, haciendo referencia a cuando, en el 2022, la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner, dividió el Frente de Todos en el Senado para tener tanto la primera como la segunda minoría de la Cámara.

Por su parte, Barroetaveña y De la Torre desistieron de sus presentaciones judiciales y anticiparon que en noviembre dejarán sus cargos en el organismo judicial, por lo que los colegios de jueces y de abogados tendrán que elegir a sus sucesores.

"Para el estamento de los abogados veremos si presentamos algún candidato, puede ser; para el de los magistrados no vamos a competir", adelantó una figura de la mesa judicial libertaria.