Con la Plaza de Mayo dividida en dos por el extenso vallado y varios efectivos de la Policía Federal Argentina cercando la zona, el Gobierno acusa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de utilizar políticamente el reclamo de las familias endeudadas que se nuclean frente a las puertas del Ministerio de Economía para insistir en el reclamo.

"Es una movilización de la CGT y la CTA. No representan ni pueden representar al sector. Hacen un aprovechamiento político de la situación", sintetizó un funcionario ante Infobae horas antes de que las primeras columnas se apostaran frente a Casa Rosada.

La protesta de esta tarde busca colocar en la agenda pública la crisis de morosidad que afecta a millones de hogares. Además de las centrales, adhieren a la convocatoria la UTEP, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda.

Por su composición, en el oficialismo hablan de "una marcha política", con la que buscan bajarle el precio, aunque aseguran que se trata de un reclamo genuino. "Son dos temas distintos. Por un lado, la marcha, en la que no hay una identificación clara de los deudores, y por otro, el problema de fondo que hay que trabajar para resolver", se sinceró una fuente con despacho en Balcarce 50.

A esta hora, la administración libertaria espera una convocatoria no mayor a las 10 mil personas y descuentan que será una protesta pacífica. No obstante, el Ministerio de Seguridad, que lidera Alejandra Monteoliva activó el protocolo de seguridad y sigue la protesta desde el Comando Unificado.

El fuerte deterioro crediticio configura un tema que el Poder Ejecutivo sigue con atención. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

Pese a que el presidente Javier Milei se expidió sobre el tema, al hablar de "una cuestión entre privados" que deriva de una "consecuencia" del gobierno de Alberto Fernández, algunos actores de la administración libertaria ven con preocupación los reclamos económicos de un sector de la sociedad.

No es casual que el mandatario se haya mostrado autocrítico durante el discurso que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín. Sin embargo, el libertario ya anticipó que no tomará parte del conflicto: "Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal", consideró en una entrevista a la Nación +.

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ratificó el rumbo económico, pero admitió lentitud en el repunte de la actividad. "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana", planteó a través de su cuenta de X. Minutos antes, el mensaje original que modificó consignaba: "Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino".

En línea con la senadora, algunos integrantes del espacio aseguran que los números, que se ubicaron en niveles récord, comenzaron a disminuir y plantearon que todavía no impactan debido a que "el Banco Central opera con dos meses de retraso". Para explicar el fenómeno, precisan -al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo- que la gente "se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas", algo que finalmente "no pasó".

Desde las 14, las centrales convocaron a la protesta y se nuclean en Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia. La idea es visibilizar el reclamo de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.