El Poder Judicial de Jujuy condenó este 19 de agosto al ex intendente de Tilcara Ricardo Romero y al ex tesorero Juan José Ortega por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa por el libramiento de cheques sin respaldo que involucró 35 millones de pesos del erario municipal y que se resolvió mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados.

Según informó el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, la maniobra incluyó 46 cheques sin fondos emitidos entre enero y febrero de 2018. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, esos instrumentos estaban destinados a pagos vinculados con la organización del Enero Tilcareño y alcanzaron a productores, músicos y otros proveedores.

Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a la misma inhabilitación perpetua para la función pública.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con asistencia del actuario Ricardo Grisetti. El tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Funes y los imputados, asistidos por sus defensores, con opinión favorable de las víctimas representadas por querellantes particulares.

Según la requisitoria fiscal citada por el Poder Judicial, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron cuando Romero era intendente de Tilcara y Ortega se desempeñaba como tesorero municipal. El primero fue el 11 de enero de 2018, cuando ambos libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza por 2.500.000 pesos, sin un acto jurídico válido que justificara la emisión y sabiendo que no había fondos para cubrirlos.

Ese mismo día, siempre según la acusación, Romero y Pedroza firmaron un acuerdo que establecía que los cheques se emitían en garantía, que no podían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes del vencimiento. La investigación concluyó que ese documento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a la operación.

El segundo hecho ocurrió el 16 de enero de 2018 con 15 cheques a favor del mismo beneficiario por 5.050.000 pesos. El tercero se produjo el 22 de enero, con otros siete cheques por 2.970.000 pesos.

El cuarto episodio fue el 6 de febrero de 2018, cuando se libraron 17 cheques más a favor de Pedroza sobre la cuenta bancaria de la Municipalidad de Tilcara por 24.500.000 pesos. La suma de las cuatro operaciones llegó a los 35 millones de pesos atribuidos en la causa.

Además de los cuatro hechos de administración fraudulenta, Romero fue condenado por un hecho de abuso de autoridad. Según la acusación, el 1 de noviembre de 2017 suscribió con Pedroza un convenio que le concedía la organización, producción y explotación de los festivales de Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019, además del uso de la marca "Enero Tilcareño".

La acusación sostuvo que ese acuerdo fijaba que el productor percibiría el 100% de los ingresos generados por el festival y que debía abonar al municipio el 10% de lo obtenido por la venta de entradas. La concesión, añadió la investigación, fue otorgada de manera directa, sin licitación previa, sin conocimiento ni autorización del Concejo Deliberante de Tilcara y en contra de las normas aplicables a contrataciones y concesiones municipales.

El ex intendente también fue condenado por un hecho ocurrido el 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la acusación, mientras ejercía el cargo y por intermedio de Pedroza, pidió a Javier Alfredo Sánchez que depositara dinero como dádiva para acelerar el libramiento de cheques correspondientes a montos que se le adeudaban.

Para concretar esa entrega, se le facilitaron los datos de una caja de ahorro personal cuya titularidad correspondía a Romero. El Ministerio Público de la Acusación indicó además que la causa es conocida como la de los "cheques voladores".

A ambos condenados se les impusieron reglas de conducta por dos años: fijar y mantener domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, firmar cada 30 días el Libro de Caución y abstenerse de mantener contacto o ejercer actos perturbatorios, por sí o por terceros y por cualquier medio, contra las víctimas.