La mora en el sistema financiero argentino acumula meses de escalada y, aunque los primeros indicios de estabilización empiezan a aparecer en algunos segmentos, el nivel de endeudamiento de las familias y las empresas mantiene en alerta al sector bancario.

El dato que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica como indicador sistémico de irregularidad ?que cerró 2025 en 5,5% para el total del sector privado y trepó al 7% en los primeros meses de 2026? no refleja, según advierten desde la banca privada, la situación real de las entidades tradicionales. La razón está en la metodología: ese número consolida en un solo indicador la mora de los bancos, la de las billeteras virtuales y la de las financieras y retailers que otorgan microcréditos a tasas que pueden superar el 150% anual.

La queja que circula en los pasillos del sistema financiero apunta a lo que los propios banqueros llaman "efecto de arrastre". El mecanismo es el siguiente: un cliente con buen historial de pago en su banco toma un crédito en una billetera virtual a una tasa que difícilmente pueda afrontar. Cuando ese cliente entra en mora con la fintech, el indicador sistémico sube. Y si la presión financiera crece, termina dejando de pagar también al banco.

Según fuentes del sector, el porcentaje de mora "propio" de los bancos más grandes se ubica entre el 4% y el 6%, muy por debajo del 12,7% que informes privados en base a datos del BCRA reportaron como indicador de irregularidad para el crédito a hogares en junio de 2026. La brecha, que en algunos casos llega al 60% del número total, no puede desglosarse dentro del balance de las entidades. Las normas de la SEC ?el regulador bursátil de Estados Unidos, ante el cual los bancos argentinos que cotizan en Nueva York presentan sus estados financieros? impiden incorporar al cuerpo del balance información que no sea exigida por un organismo regulador local. Lo que sí pueden hacer es explicitar la diferencia en los comunicados de prensa de resultados o en la reseña informativa, pero eso tiene un alcance limitado frente al impacto reputacional del número consolidado.

Según pudo saber este medio, desde las entidades bancarias se transmitió al Central la necesidad de separar el indicador de mora bancaria del correspondiente a las entidades no bancarias. La propuesta no implica ocultar información, sino desagregar el dato para que refleje con precisión el desempeño de cada tipo de actor. El regulador, según trascendió, empezó a mirar el tema con atención. Una alternativa que se analiza es que cada banco pueda reportar su propio indicador de irregularidad de forma diferenciada dentro de los estados contables, algo que hoy la normativa no habilita.

El problema de fondo, advierten desde el sector, excede la disputa metodológica. Las billeteras virtuales y las financieras no bancarias operan bajo un esquema regulatorio menos exigente que el de los bancos en materia de transparencia sobre el costo financiero total.

Uno de los principales enfrentamientos es la tasa efectiva anual (TEA), que no se aplica con la misma rigurosidad en una financiera chica que en una entidad bancaria de primera línea. Eso habilita la proliferación de microcréditos con tasas de entre 150% y 200% anual que, una vez tomados, generan una espiral de deuda de la que el tomador difícilmente pueda salir. De hecho, la mora en entidades no bancarias llegó al 33% en junio de 2026, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA procesados por la consultora 1816, casi el triple del indicador bancario, que cerró en 7,6% en el mismo mes.

Ante ese escenario, la posición que prevalece en la banca privada descarta una solución de tipo amnistía. El argumento es que cualquier señal en esa dirección desincentivaría el pago y reproduciría la dinámica observada durante la pandemia de COVID-19, cuando la suspensión de obligaciones derivó en una caída generalizada del cumplimiento.

Por caso, la alternativa que se impulsa es la refinanciación con extensión de plazos y períodos de gracia, combinada con mecanismos que eviten que un deudor que tomó un préstamo en un banco pueda trasladar su sueldo a otra entidad sin arrastrar también el débito de la cuota. La reforma laboral aprobada recientemente habilitó el código de descuento en el sector privado ?hasta ahora reservado para empleados públicos?, lo que abre la puerta a ese tipo de esquema, aunque su implementación operativa todavía está en proceso de definición.

En cuanto a la evolución reciente de la cartera, los bancos que adoptaron criterios más estrictos de originación de crédito desde mediados de 2025 empiezan a ver resultados. En el segmento de individuos, la mora se estabilizó y ya empieza a mostrar una tendencia a la baja: los meses de mayor deterioro quedaron atrás y las nuevas carteras, generadas con criterios más selectivos, tienen un comportamiento sensiblemente mejor que las anteriores.

Tras diecinueve aumentos mensuales consecutivos, el indicador de irregularidad del crédito a las familias dejó de crecer en junio: según el informe de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores, la mora total retrocedió del 7,7% al 7,6%, mientras que la correspondiente a hogares pasó del 12,8% ?el nivel más alto en más de dos décadas, registrado en mayo? al 12,7% de la cartera. Detrás de ese número agregado, los préstamos personales exhibieron una irregularidad del 15,9%, las tarjetas de crédito del 13,1% y los prendarios del 7,7%; los hipotecarios, en cambio, se mantuvieron en el 1,6 por ciento. La mejora no responde a una recuperación espontánea del poder de pago, sino a un filtro más estricto en la originación: alrededor de 6 millones de personas quedaron excluidas del crédito nuevo por registrar algún impago, lo que depuró el universo de tomadores hacia perfiles de menor riesgo.

La variable que los bancos señalan como condición necesaria para una baja sostenida de la mora es el salario real. Sin recuperación del poder adquisitivo, las herramientas de refinanciación son paliativas, no estructurales. El consenso de los economistas proyectaba para este año un crecimiento del PBI de alrededor de 2,5%, con algunos analistas revisando esa cifra a la baja. En ese contexto, la política del gobierno de priorizar el ancla cambiaria y la desinflación por sobre el estímulo a la actividad mantiene una presión contractiva sobre el consumo y el crédito que, por ahora, no cede.