El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó en radio La Red que la atención de extranjeros no residentes representa una proporción mínima dentro del sistema público de salud porteño: "Tenemos una pequeña cantidad de extranjeros no residentes. Desde que empezamos a facturarles, lo poco que teníamos disminuyó aún más. Antes de empezar a facturar y cobrar, el número que teníamos era menos del 1%".

Las declaraciones surgieron en el marco del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones y estipula, por medio del Ministerio de Salud de la Nación, que los extranjeros no residentes deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales.

CABA ya había adoptado una medida similar

Quirós remarcó que la mayoría de quienes tienen acento extranjero y se atienden en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires poseen residencia permanente y DNI argentino, condición que los habilita a recibir atención en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. "La Constitución los protege como ciudadanos a la par de cualquier otro", subrayó el ministro. Solo una "pequeña minoría" corresponde a extranjeros sin residencia, y su peso numérico es bajo en la zona metropolitana.

Por el contrario, el funcionario puntualizó que el uso de servicios públicos por extranjeros no residentes es una problemática histórica en provincias limítrofes, como Jujuy, Salta, Corrientes, Mendoza y algunas áreas de la Patagonia, donde el flujo migratorio es más intenso. En contraste, en la capital y el conurbano, el fenómeno tiene poca relevancia cuantitativa. "La problemática del extranjero no residente en el área metropolitana es cuantitativamente menor y es mucho más importante en las provincias limítrofes", afirmó.

Respecto al recupero de gastos, el ministro precisó que entre el 30 y el 35 por ciento de los pacientes atendidos en el sistema público porteño cuentan con algún tipo de cobertura médica (obra social o prepaga), sobre quienes el Estado realiza la correspondiente facturación. El volumen de facturación mensual por estas prestaciones alcanza los 20 mil millones de pesos, según el dirigente. En ese marco, la facturación a extranjeros no residentes resulta "ridículamente pequeña", aseguró el titular de la cartera sanitaria. "El gran problema del sistema público en la ciudad es más bien la gente que tiene cobertura y que decide atenderse con nosotros y no otra", explicó.

Consultado por el número de atenciones a extranjeros no residentes, Quirós señaló que antes de implementar el cobro específico a este grupo, las cifras representaban menos del uno por ciento del total anual. La política de facturación, que comenzó hace aproximadamente un año y medio, redujo aún más esa proporción. "Nuestro gran tema no está en los extranjeros, sino en las coberturas médicas", enfatizó.

En relación al debate sobre la atención de bonaerenses en hospitales porteños, el ministro describió el funcionamiento del sistema de prioridad para residentes de la Ciudad de Buenos Aires. El mecanismo, respaldado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, garantiza que todo porteño que solicite un turno a través del 147 lo obtenga en tiempo y forma. El sistema procesa unas 100 mil prestaciones diarias, de las cuales 25 mil se gestionan telefónicamente. De ese grupo, 20 mil personas reciben el turno en el momento, y las restantes son contactadas dentro de las siguientes 48 a 72 horas.

Sobre la posibilidad de cobrarle a la provincia de Buenos Aires por la atención de sus ciudadanos en hospitales porteños, Quirós aclaró que la facturación se realiza únicamente a la obra social provincial (IOMA), como a cualquier otra cobertura. Los bonaerenses sin cobertura médica deben ser atendidos por mandato constitucional, lo que impide restringir la prestación en estos casos.

Por último, y en cuanto a la vacunación, Quirós reconoció un descenso en los niveles de confianza y cobertura tras la pandemia de COVID-19. Según el ministro, más del 80 por ciento de la población argentina mantiene confianza en las vacunas, aunque las tasas de vacunación descendieron entre 10 y 15 puntos en los primeros años posteriores a la emergencia sanitaria.