Un tribunal colegiado de la ciudad de Neuquén será el encargado de juzgar a M.G.S, un varón acusado de haber cometido abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal contra su vecina, hechos que habrían ocurrido en julio de 2025. "Voy a volver", le dijo en una oportunidad.

La decisión de conformar un tribunal de estas características responde a un pedido de la asistente letrada Analía García, representante del Ministerio Público Fiscal, quien consideró que la gravedad de los delitos y la expectativa de pena así lo requerían.

El caso, que ha generado inquietud en la comunidad local, involucra tres hechos distintos, todos ellos en concurso real. Según la acusación, M.G.S habría aprovechado una situación de confianza inicial para ingresar sin autorización al domicilio de la víctima, quien residía en el mismo complejo de departamentos. Este punto fue central en la presentación de la Fiscalía.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la noche de los acontecimientos, víctima e imputado habrían compartido una reunión junto con otras personas en uno de los departamentos del complejo. Una vez finalizado el encuentro, la mujer regresó a su vivienda. Momentos después, el acusado habría ingresado sin permiso y fue ahí cuando cometió los abusos. La situación, que se desarrollaba en un contexto de vulnerabilidad para la denunciante, fue interrumpida abruptamente por un ruido externo. Esta interrupción motivó la huida momentánea del imputado.

Según el medio local LMNeuquén, el imputado aseguró que regresaría. "Voy a volver", le habría dicho.

Ante esta amenaza, la víctima optó por permanecer a oscuras y encerrada en su hogar. Cuando el imputado regresó y no obtuvo respuesta, finalmente decidió marcharse del lugar. Este detalle, según la fiscalía, refuerza el carácter intimidatorio de la conducta y la percepción de peligro permanente por parte de la víctima.

De acuerdo con la información difundida, la expectativa de pena para los delitos imputados oscila entre más de tres años y menos de quince de prisión. Este rango fue determinante para que la representante del Ministerio Público Fiscal solicitara la intervención de un tribunal colegiado, mecanismo previsto en la normativa cuando la pena supera ciertos umbrales. La solicitud de la fiscalía fue avalada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien presidió la audiencia y dispuso la elevación del caso a juicio.

La fiscalía prepara una estrategia probatoria que incluye el testimonio directo de la víctima, así como de familiares y testigos presenciales o de contexto. Además, se presentarán informes médicos y psicológicos, junto con documentación relevante para reconstruir los hechos. La acumulación de estas pruebas será clave en el desarrollo del debate oral y público, donde se busca dilucidar la responsabilidad penal de M.G.S.

El proceso judicial se encuentra en etapa de preparación del debate, con la fiscalía enfocada en consolidar la carga probatoria. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar su propia versión de los hechos y contrainterrogar a los testigos, conforme lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia.

En la audiencia preliminar, la representante fiscal subrayó la necesidad de proteger a la víctima y garantizar un proceso justo, transparente y ajustado a derecho. La elevación a juicio fue interpretada como una respuesta institucional al reclamo de justicia en casos de abuso sexual, que suelen presentar dificultades probatorias y requieren un abordaje especializado.