En las últimas semanas cobró protagonismo en la agenda del Gobierno el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que en los nuevos lineamientos del que presentó el presidente Javier Milei, pone el foco en sostener la estabilidad de precios y el valor del peso, con el fundamento de cortar el financiamiento del sector público con los recursos de la entidad.

Desde 2012 la Carta Orgánica le atribuía al Central una serie de objetivos -a veces contrapuestos- a abordar con un solo instrumento: la política monetaria: preservar la moneda, cuidar el sistema financiero, promover el empleo y procurar el desarrollo económico con equidad social "en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional". Un planteo tan laxo no solo impedía su cumplimiento, también su contralor.

Así fue que el activo de la entidad fue vaciado sistemáticamente en un marco del "cepo" cambiario, con el reemplazo de reservas internacionales genuinas y líquidas por préstamos -como el "swap" con China- o pagarés -Letras Intransferibles-. La consecuencia de ese accionar fue la destrucción del peso, el financiamiento irrestricto del déficit fiscal con divisas de las reservas y emisión de moneda sin respaldo, aceleración inflacionaria y por último, un estancamiento económico que llega hasta el presente medido en PBI per capita.

El proyecto oficial prevé volver a la versión original de la Carta Orgánica establecida por la Ley 24.144 se estructura en torno a los siguientes ejes clave:

Más allá del detalle normativo, los analistas sondean los argumentos de fondo y sus efectos concretos sobre la economía.

Emilio Botto, jefe de estrategia e inversiones en Mills Capital, afirmó que "los efectos económicos de esta reforma son varios. En primer lugar, acerca a Argentina al funcionamiento de un banco central más tradicional, ya que el BCRA pasaría a tener un único objetivo: preservar la estabilidad de precios. De esta manera, se eliminan los múltiples mandatos que tenía anteriormente y se concentra la política monetaria en la protección del valor de la moneda. Este cambio obligaría al Gobierno a mantener una mayor disciplina fiscal. Si el Tesoro incurriera en déficit, ya no podría recurrir al financiamiento del Banco Central mediante emisión monetaria. En consecuencia, debería buscar otras alternativas, como emitir deuda, reducir el gasto público, aumentar impuestos o vender activos del Estado".

"También cambiaría el tratamiento de las utilidades del Banco Central. Hasta ahora, las ganancias contables podían transferirse al Tesoro y terminar funcionando como una fuente indirecta de financiamiento. Con el nuevo esquema, sólo podrían distribuirse utilidades efectivamente realizadas y siempre que el Banco Central no mantenga pasivos pendientes de saneamiento. Además, se prohíbe la emisión de Letras Intransferibles para financiar al Tesoro, reforzando la separación entre la política fiscal y la política monetaria. En definitiva, la reforma busca blindar al Banco Central frente a las necesidades de financiamiento del Estado -nacional, provincial y municipal- y consolidar su independencia como autoridad monetaria", refirió Botto.

"El paquete de leyes anunciado por el Gobierno sin dudas va en la dirección correcta. Apuntan a fortalecer y dar independencia al BCRA, también se apunta a dar más flexibilidad al mercado de capitales, y la tercera ley de 'grillete fiscal' o shutdown trata de blindar el superávit, expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

"El problema es que las leyes por más buenas que sean difícilmente cambien la dinámica de corto plazo, frente a elecciones el año próximo y la posibilidad de reversión de la dirección de la economía ante un nuevo Gobierno", completó.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que "la reforma es un paso importante en la dirección correcta. Devuelve el mandato único de preservar el valor de la moneda, protege al directorio de las presiones políticas, elimina los adelantos al Tesoro, cierra el acceso del fisco a las reservas y termina con el reparto de utilidades ficticias. Nada de eso es menor y todo eso es condición necesaria para que la Argentina deje atrás la inflación de manera definitiva. Pero el Congreso tiene la oportunidad de convertirla en algo más trascendental, que marce un verdadero punto y aparte en la historia económica argentina"

Iván Cachanosky, jefe de Políticas Públicas de la institución, sostuvo que "el enfoque es acertado, especialmente en un país que tiene un banco central que ha fallado consistentemente en preservar el valor de la moneda"

La consultora Eco Go puntualizó que hay "tres cuestiones fundamentales que hacen a la coordinación plena entre el Tesoro y el BCRA actual en el manejo del programa financiero/cambiario/monetario, no cambian: I) el Gobierno puede seguir comprándole divisas al Banco Central para pagar deuda en moneda extranjera, II) El BCRA puede seguir haciendo operaciones de mercado abierto comprando/vendiendo bonos en el mercado secundario, aceitando las licitaciones primarias. III) No hay ninguna limitante explíita para intervenir en el mercado de futuros de dólar".

Según un informe de Eco Go, desde 2003 el BCRA le transfirió al Tesoro el equivalente a USD 301.200 millones a través de adelantos transitorios, utilidades, Letras Intransferibles y compras de títulos públicos. De ese total, las presidencias de Néstor Kirchner (con USD 15.300 millones), Cristina Fernández de Kirchner (USD 140.700 millones en dos mandatos) y Alberto Fernández (USD 118.700 millones), concentraron el 91% del traspaso de recursos, por USD 274.700 millones. El saldo durante la presidencia de Mauricio Macri fue de USD 27.800 millones, mientras que en lo que va de la gestión de Javier Milei el saldo se revirtió, pues el Tesoro le devolvió plata al Central por USD 1.300 millones.

"Julio cerró con un anuncio de fondo: el Gobierno envió al Congreso un paquete de cuatro reformas, con la Carta Orgánica del BCRA como la más relevante", afirmó la consultora GMA Capital Research. El Ejecutivo "busca blindar la independencia del Central y eliminar las Letras Intransferibles, activos que en gestiones anteriores llegaron a explicar más del 50% de su balance. Con lo institucional avanzando, el desafío pendiente es otro: que la mejora 'macro' derrame con más fuerza sobre la microeconomía", agregó el informe.

"El Gobierno quiere dar un gran golpe de efecto con su proyecto de nuevas normas para el BCRA, que incluye la prohibición de financiar al PEN (Poder Ejecutivo Nacional) como un delito penal y la designación de directivos por el Parlamento", observó Vatnet Research.

Según el proyecto libertario, la remoción de autoridades del BCRA solo podrá decretarse con aprobación previa de ambas cámaras legislativas por dos tercios de los miembros presentes, en lugar del dictamen no vinculante de la comisión bicameral que hoy priva a la intervención parlamentaria de todo efecto de garantía.

Emilio Botto consideró que ese "aspecto central es la búsqueda del fortalecimiento de la independencia institucional del BCRA. La reforma eleva los requisitos para remover a sus autoridades, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la política monetaria y otorgar mayor estabilidad a la conducción del organismo".

En este sentido, Iván Cachanosky agregó que "la medida también va en la dirección correcta, aunque me hubiera gustado que antes de ir hacia la bicameral haya un comité de expertos apolítico como instancia previa a la decisión bicameral".

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia y de Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina) subrayó que "el BCRA ya es una entidad autárquica desde 1992 y su Carta Orgánica establece desde entonces que no está sujeto a órdenes ni instrucciones del Poder Ejecutivo. Ese artículo el proyecto no lo modificó en la reforma de 2012, ni se modifica ahora. Lo que cambió a lo largo de las últimas tres décadas no fue la independencia operativa sino los mandatos, las herramientas y -sobre todo- la forma concreta en que esa independencia se ejerció que depende del régimen de designación y remoción de los directores".

"En efecto, basta mirar quién ejerce hoy esa autonomía para entender los motivos reales de este proyecto. Los diez integrantes del directorio del Banco Central fueron designados en comisión por decreto y ninguno cuenta con el acuerdo del Senado. Sobre ese directorio el proyecto tiende un régimen de remoción que exige dos tercios de ambas cámaras, sin modificar en nada el mecanismo de designación: ni escalonamiento de mandatos, ni desfase respecto del ciclo presidencial, ni límite a la reelección, ni plazo máximo para los nombramientos en comisión. El resultado es una asimetría difícil de justificar desde cualquier posición. Para poner un director alcanza con un decreto y, eventualmente, una mayoría simple. Para sacarlo harán falta dos tercios de Diputados y del Senado", advirtió Cuattromo.