El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y restringir la adjudicación de terrenos estatales exclusivamente a personas humanas o jurídicas de nacionalidad argentina. La iniciativa, difundida por el propio mandatario en sus redes sociales, establece que solo quienes tengan arraigo y vinculación efectiva con la provincia podrán acceder a esas tierras mediante compra o arrendamiento.

La propuesta llega en un momento en que el Congreso Nacional debate una reforma que apunta en sentido contrario: ampliar el porcentaje del territorio que puede ser adquirido por capitales extranjeros. Mientras el oficialismo nacional negocia elevar ese tope del 15% al 25%, el ejecutivo neuquino avanza con una norma que cierra esa puerta por completo a nivel provincial.

En efecto, mientras la senadora Patricia Bullrich prepara una conferencia de prensa para defender el texto que La Libertad Avanza (LLA) llevará al recinto, Figueroa publicó en sus redes el articulado de un proyecto que declara la tierra fiscal un instrumento de trabajo —y no un bien de renta— reservado para argentinos.

El texto que Figueroa remitió a la Legislatura modifica el artículo 1° de la Ley 263 de la provincia y redefine el objetivo central de la norma. Según el articulado difundido, el Poder Ejecutivo provincial deberá promover "el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal" a través de su arrendamiento y enajenación progresiva "a favor de los auténticos trabajadores del campo".

La reforma declara como principio rector que "la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo". El foco, según el texto, estará en la protección del campesinado y en la reactivación productiva de los terrenos fiscales mediante proyectos vinculados a actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor.

La cláusula más determinante es la que establece que "solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas". Con esa redacción, el proyecto excluye de forma explícita a cualquier inversor, empresa o individuo de nacionalidad extranjera, sin excepciones ni porcentajes intermedios.

En el Senado de la Nación, en tanto, el oficialismo evidencia dificultades en su intento de reformar la legislación vigente sobre tierras rurales. El proyecto impulsado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya atravesó 17 borradores y cinco intentos fallidos en el recinto.

La pretensión inicial de LLA era eliminar todo límite a la compra de tierra por parte de capitales del exterior, suprimiendo el techo del 15% del territorio nacional que fija la ley actual. Ante la falta de votos, el bloque libertario cedió posiciones y negoció una redacción que eleva ese umbral al 25%, sin eliminarlo por completo.

"La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia", es el texto que circuló desde la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Hasta el fin de semana previo a la sesión prevista para el jueves, el recuento de Bullrich no superaba los 34 votos favorables, dos por debajo de los 36 necesarios para obtener la media sanción. Con el ajuste al 25%, el oficialismo aspira a cruzar ese umbral.

Figueroa enmarcó su iniciativa en términos de soberanía sobre los recursos naturales de la provincia. "La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones", escribió al difundir el proyecto, según consta en su publicación en redes sociales.

El mandatario neuquino describió la tierra como "un recurso estratégico y finito" y justificó la reforma como una medida para ordenar el acceso a ese bien, priorizando a quienes tengan arraigo efectivo en el territorio provincial. Entre los objetivos declarados del proyecto figuran el impulso a la producción, el turismo, el empleo y el desarrollo sostenible.

La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por la Legislatura de Neuquén para convertirse en ley provincial.