El Gobierno de Bolivia afirmó este lunes que la captura del ex presidente Evo Morales constituye una prioridad para el Estado y remarcó que las órdenes emitidas por la Justicia deben ejecutarse sin excepciones. La postura oficial fue difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno y reforzada por el ministro Marco Antonio Oviedo, después de que el comandante nacional de la Policía, general Mirko Sokol, señalara que la aprehensión del ex mandatario no ocupaba el primer lugar entre las tareas de la institución.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Gobierno sostuvo que las decisiones de las autoridades judiciales son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

"La aprehensión del señor Evo Morales constituye una tarea prioritaria para el Gobierno" y "ninguna persona se encuentra por encima de la ley", indicó el comunicado.

Horas antes, Sokol había explicado en una entrevista televisiva que la Policía mantiene unas 18.000 órdenes de captura pendientes y que la institución debía atender múltiples requerimientos judiciales. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos tanto de dirigentes oficialistas como de sectores de la oposición, al considerar que restaban importancia a un caso que involucra a un ex jefe de Estado sobre quien pesan dos mandatos de detención.

El presidente Rodrigo Paz ya había anticipado la semana pasada la posición de su administración al asegurar que "Morales va a estar ante la justicia porque tiene que responder". La declaración se produjo en medio del avance de los procesos penales abiertos contra el ex gobernante, quien permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región donde conserva una fuerte base sindical y política.

Morales enfrenta una primera orden de captura por un proceso de trata agravada de personas. La investigación se centra en una presunta relación con una menor de edad con la que, según la acusación, habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia. El ex mandatario rechaza los señalamientos y sostiene que el caso responde a una persecución política.

En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía después de que no asistiera al inicio del juicio oral y dispuso una nueva orden para su aprehensión. Desde entonces, las autoridades no han logrado ejecutar el mandato judicial debido a la protección que recibe de centenares de simpatizantes en su bastión político.

La semana pasada se sumó una segunda orden de captura. En este caso, la Fiscalía investiga a Morales por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, dentro de una causa relacionada con los bloqueos de carreteras y las protestas que afectaron al país entre mayo y junio. El expediente también incluye a otros dirigentes sindicales.

Durante siete semanas, las movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas y sectores afines al ex mandatario interrumpieron el tránsito en distintos puntos del país, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y la convocatoria a nuevas elecciones.

Según datos oficiales, los bloqueos provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares. El Gobierno informó también que los conflictos dejaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las interrupciones de las vías. La crisis concluyó tras acuerdos con algunos sectores movilizados y la declaración del estado de excepción el 20 de junio.

Las autoridades reconocen que ejecutar la captura de Morales representa una operación de alto riesgo. El ex mandatario permanece rodeado de seguidores que mantienen una vigilancia permanente y han manifestado públicamente que impedirán su arresto.

Mientras tanto, Morales continúa realizando actividades públicas desde el Trópico de Cochabamba. En los últimos días aseguró que "va a demostrar" que es inocente de los delitos que se le atribuyen y afirmó que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las protestas para ocultar la crisis que atraviesa el país.

También reiteró que no abandonará la región donde permanece desde hace casi dos años y negó haber impulsado acciones destinadas a forzar la salida del presidente Rodrigo Paz.