Mientras tantea, aún, el nivel de apoyos legislativos para el proyecto que más entusiasma a Javier Milei, el Gobierno evalúa enviar en partes y en momentos distintos el paquete que engloba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un eventual cierre de la administración y una posible penalización para quienes recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Las "baterías" de proyectos de ley suelen girarse al Congreso de una vez. Pero en este caso, si bien señalan que se trata de un "paquete", en el Gobierno reconocen que deberán mandarlo por segmentos, en diferido, por falta de apoyos y por dudas en torno a la letra chica. Primero avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. Y luego con el segundo tramo de las reformas, que englobarían, respectivamente, un "shutdown" y cambios en el Código Penal. El segundo y tercer punto, hipotéticamente, se enviaría "dentro del segundo semestre", pero sin fecha definida, dijeron en la Casa Rosada.

Las tres iniciativas son parte de un mismo combo que anunciará el presidente mañana. El jefe de Estado grabará un mensaje sobre el envío de la iniciativa desde el señorial Salón Blanco de Balcarce 50, y luego lo emitirá por cadena nacional, decidido a darle toda la relevancia posible a un plan que considera "estructural".

En Gobierno dicen que la división de proyectos es porque "conviene no mezclar". "Son dos temas distintos, si lo metes en el mismo se confunden las discusiones", señalaron.

Quienes trajinan los pasillos del Congreso reconocen que no están los apoyos para todo el combo, y quieren asegurarse que la reforma del Banco Central salga o salga. "Es una de las grandes propuestas de Javier para su gobierno, no sería una buena estrategia mandarlo todo junto", deslizaron en el bloque libertario.

Según aseguran en el oficialismo, el segmento central, sobre la carta orgánica, tiene "mucho envión" y creen que "puede salir relativamente fácil". Distinto es el panorama para el proyecto de cierre administrativo, que en principio consistiría en obligar a los gobiernos a pasar por el Congreso para aprobar cualquier aumento del presupuesto por fuera de lo planificado, bajo apercibimiento de forzar el cierre de áreas de la administración.

Ante la alarma opositora, ya les aclararon que en la letra chica quedarían exceptuados los llamados gastos gatillo -seguridad, salud y educación-, y "sólo" se verían afectados gastos corrientes, o pagos a proveedores. El detalle de este punto aún no está definido, y en parte por eso es que se demorará su presentación ante el Legislativo. "Hay que ver el alcance de lo que vamos a entender por cierre del gobierno", reconocen en el Gobierno. Y admiten que, junto con la reforma del Código Penal, es el frente más sensible: "El shutdown y Código Penal es lo más discutible o lo que puede traer más resistencia".

Todavía no se definió si ingresarán por el Senado y no por Diputados, donde respectivamente tienen roles centrales Patricia Bullrich, que acuerda con el primer tramo, y Martín Menem. En principio, no quieren que enturbie las negociaciones con los gobernadores, a los que Karina Milei junto a Diego Santilli, por otro lado, buscan convencer para que apoyen la eliminación de las elecciones Primarias al menos el año que viene.

El proyecto tendrá impacto sobre la independencia de la autoridad monetaria y el financiamiento del Tesoro. Milei lo armó con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. A priori, se apoya en dos puntos: la modificación del artículo tres de la Carta Orgánica vigente, que habilita un mandato múltiple incorporado en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, y la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro.

"No sabemos bien aún cómo vamos a hacer la tipificación del delito", admitió una fuente con conocimiento del proyecto.