El Gobierno de Rodrigo Paz informó el martes que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía por presunto reclutamiento para la guerra contra Ucrania.

El canciller Fernando Aramayo detalló que 20 bolivianos mantienen contratos activos, cuatro se encuentran heridos y hospitalizados, uno falleció y otro fue repatriado exitosamente a Bolivia. De los heridos, uno está en proceso de desvinculación militar.

Aramayo indicó que el Ministerio de Exteriores tomó acciones consulares y diplomáticas para atender cada caso desde que Rodrigo Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado. Entre las gestiones, mencionó el envío de una misión consular a Donetsk, Ucrania, para verificar la situación de un boliviano y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas, además de asistirlo en su atención médica.

El canciller señaló que el pasado viernes mantuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Vérchenko, en la que se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento a estos casos. Aramayo agregó que las investigaciones judiciales corresponden a posibles delitos relacionados con el reclutamiento o intermediación para captar personas con fines bélicos.

"Naturalmente, hemos presentado un conjunto de notas verbales para poder solicitar no solamente información sobre localización y también lograr dar asistencia técnica y en algunos casos, según correspondía, lograr gestionar la desvinculación de ciudadanos bolivianos", sostuvo Aramayo.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó que existen cuatro investigaciones en desarrollo en tres regiones del país por el presunto delito de "trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos". En uno de los casos, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de tres personas detenidas en Santa Cruz, vinculadas a un hombre identificado como Amador M.A. (quien se encuentra prófugo de la Justicia), principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región.

La primera persona detenida en el marco de la investigación fue L.A.V., yerno del principal sospechoso. El arresto se realizó en un inmueble de la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, señalado como posible alojamiento temporal de las personas reclutadas antes de su traslado a Rusia. L.A.V. declaró que desconocía el paradero de su suegro y aseguró haberse enterado de las actividades imputadas "por los medios de comunicación".

Posteriormente, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados como R.C.A. y E.M.A. En el lugar, los investigadores hallaron un bolso con aproximadamente 50 pasaportes, documentos relevantes para la investigación y un vehículo que fue incautado.

La Fiscalía señaló que las investigaciones surgieron tras denuncias públicas sobre presuntas redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero, pero que en realidad buscaban reclutar ciudadanos bolivianos para conflictos armados fuera del país. La Embajada rusa en Bolivia negó cualquier vínculo con el reclutamiento y rechazó categóricamente las acusaciones por carecer de fundamento.

El caso se hizo público la semana pasada luego de que los familiares de Iván Valdivia y José María Soleto denunciaran que ambos viajaron a Rusia tras aceptar una oferta laboral que prometía salarios de hasta 20.000 dólares, pero fueron reclutados para combatir en la invasión rusa iniciada en 2022. Los familiares perdieron contacto con los jóvenes el 3 de junio y posteriormente recibieron información de que habrían muerto en el frente de combate. La familia solicitó a las autoridades investigar la posible existencia de una red de captación de personas y brindar ayuda para la repatriación de los cuerpos.

(Con información de EFE)