Un operativo judicial realizado en la ciudad de Salta concluyó con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas y operaciones irregulares con vehículos. Una de las hipótesis indicaría que se habría tratado de una estafa piramidal.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que actuó tras recibir cinco denuncias de damnificados. Según los testimonios, los sospechosos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales ofrecían esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.

De acuerdo con las denuncias, tras recibir sumas de dinero o vehículos, los compromisos de pago dejaron de cumplirse y las garantías ofrecidas carecían de valor efectivo. En principio, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sospecharía que los investigados habrían utilizado los aportes de nuevos inversores para cumplir pagos iniciales a otros participantes hasta que habrían dejado de percibir ingresos.

Esta forma de operar habría generado perjuicios patrimoniales millonarios, según la información dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal de Salta. A raíz de esto, las autoridades ordenaron seis allanamientos en varios domicilios que estarían vinculados a las firmas investigadas.

El operativo tuvo como blanco oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos. Como resultado de los procedimientos, el personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF incautó automóviles, dispositivos informáticos, documentación y el pasaporte de una de las tres personas señaladas como parte de la maniobra.

Hasta el momento, las tareas de la UDEC permitieron identificar que algunos automóviles habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte y, en ciertos casos, habrían sido trasladados a otras provincias para dificultar su localización.

En línea con esto, las autoridades analizaron también los frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal. Este tipo de movimientos llevó a la fiscal a solicitar medidas para evitar riesgos procesales.

Por este motivo, Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo del juez Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y sus sociedades. Además, pidió la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.

Actualmente, las actuaciones continúan bajo secreto de sumario. No obstante, se analiza la documentación secuestrada, se amplía la pesquisa sobre los movimientos financieros y la posible existencia de otros damnificados por el presunto esquema investigado.

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a más de cien personas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial. Según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el acusado ofrecía supuestos puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El imputado se presentaba como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el área. Por medio de esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes.

Además, requería a los denunciantes su currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal, bajo el pretexto de integrar un legajo de ingreso. La oferta se difundía principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, alcanzando amplia circulación.

Tras entregar el dinero y la documentación, las víctimas recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, incluso con turnos en hospitales. La postergación sistemática fue lo que encendió la alarma entre las afectadas.

Finalmente, todo se descubrió cuando acudieron al área de recursos humanos del Poder Judicial y otros organismos, en donde pudieron comprobar que no existía ninguna convocatoria abierta y que el supuesto empleado no pertenecía a la institución.

A raíz de esto, la UDEC, representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, formalizó la imputación en audiencia. En esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y tampoco respondió a las preguntas de la Fiscalía.

A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal. Sin embargo, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, considerando que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

Luego de que se tomara conocimiento del caso, desde el Poder Judicial de Salta se advirtió a través de medios locales que los delincuentes empleaban correos electrónicos con asuntos como "notificación extrajudicial", "intimación digital", "aviso de despacho emitido, responda a la brevedad" o referencias a un supuesto "tribunal regional de trabajo".

Debido a que los mensajes provenían de cuentas con dominios ajenos a cualquier dependencia oficial, como "@libero.it", se permitió detectar el fraude. El estafador incluso ofrecía facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Por este motivo, las autoridades llamaron a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces incluidos, ya que estas prácticas podrían ser utilizadas para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. Además, se instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo únicamente a través de los canales oficiales de cada organismo.