La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos que estaban a punto de ser subastados por 100.000 dólares en una casa de remates de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos documentos vinculados al General José de San Martín y otros próceres de la historia argentina.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA en el marco de una investigación contra el tráfico ilícito de bienes culturales, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los documentos estaban a la venta en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.

El lote incautado incluye cartas, recortes periodísticos, libros y fotografías vinculados a distintas instituciones y organismos del Estado Nacional y provincial. Entre las piezas rescatadas figuran escritos atribuidos al General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

Según informó la PFA, la tipografía, los sellos y la datación de los documentos evidenciaban una infracción a la Ley N°15.930, que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación (AGN).

La normativa en cuestión, sancionada en 1961, establece mecanismos de protección para documentos considerados de valor histórico. En ese marco, el Estado tiene potestad para intervenir cuando detecta, como en este caso, bienes de interés público cuya comercialización pueda afectar el patrimonio histórico nacional.

Según indicaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir del monitoreo de páginas de subastas y compraventa en línea que realiza el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA. Fue así que el personal detectó la oferta del lote en un sitio web de dominio público, donde las piezas tenían un precio inicial de 100.000 dólares.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, con la Secretaría N°7 a cargo del doctor Diego Fernando Arce, dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio en el local y el posterior traslado de los documentos a una dependencia policial en calidad de depósito judicial.

Todo el material quedó a exclusiva disposición de la judicatura, a la espera de las pericias pertinentes.