Luego de que fuera declarado culpable de abusar sexualmente de una adolescente, un tribunal colegiado de Neuquén le impuso una condena de 9 años de prisión. A su vez, al unificar esta pena con una condena previa registrada por C. O. J., los jueces fijaron una pena única de doce años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión fue comunicada mediante notificación electrónica tras celebrarse, la semana pasada, la audiencia de determinación de la pena. En esa instancia, el fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó que se impusiera una condena de 11 años de prisión y que, tras el proceso de unificación, se estableciera una pena única de 15 años de prisión efectiva.

Previo a esto, el tribunal, integrado por Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, había emitido en febrero de este año el veredicto de responsabilidad, por lo que declararon culpable a C. O. J. como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hecho juzgado ocurrió la noche del 19 de abril de 2023, cuando la víctima, una adolescente de 15 años, se encontró con el imputado y ambos se dirigieron a una obra en construcción ubicada en la calle Salta al 700.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión sexual se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo que profundizó la situación de vulnerabilidad de la víctima. Por este motivo, la investigación consideró este contexto al momento de determinar la responsabilidad y la pena impuesta al condenado, tras remarcar que la denunciante se trataba de una menor de edad.

Como parte de la sentencia, C. O. J. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). Además, el tribunal dispuso la reserva de la identidad del condenado con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

Luego de que el video del abuso fuera enviado de forma anónima a organismos municipales de niñez de Añelo, provincia de Neuquén, la fiscal Eugenia Titanti formuló cargos este viernes contra un hombre identificado por sus iniciales L. A. por abuso sexual y corrupción de menores y solicitó que cumpla con una prisión preventiva.

Las imágenes, que comenzaron a circular en grupos de compra-venta de Facebook, mostraban a L. A., un hombre mayor de edad con una relación de confianza con la familia de las víctimas, mientras realizaba actos de connotación sexual contra una nena en distintas áreas de una vivienda. En la grabación también se observa la participación de otro menor, quien sostuvo el teléfono y narró la situación mientras filmaba.

Durante la audiencia, la fiscal Titanti —acompañada por el asistente letrado Luciano Vidal— relató que el acusado tomó a la niña por la cintura, la condujo hasta un dormitorio y realizó tocamientos y besos de índole sexual. Posteriormente, le entregó un cigarrillo y continuó con conductas similares en otro sector del domicilio. Parte de esta secuencia quedó registrada en el video filmado por el otro niño presente.

Por este motivo, la funcionaria judicial acusó a L. A. de propiciar el desarrollo psicosexual prematuro de dos niños, lo que fundamentó la imputación por corrupción de menores. Tras la difusión del video, se generó una fuerte tensión en el barrio El Mirador, donde una multitud se congregó frente al domicilio del sospechoso con intenciones de enfrentarlo e incendiar la vivienda.

Ante esta situación de tensión, la Policía desplegó varios patrulleros tanto en la casa del imputado como en la de la familia de las víctimas para evitar incidentes violentos. La situación permaneció tensa durante la madrugada del jueves, con refuerzo de la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad.

En paralelo, la fiscal Titanti dispuso el allanamiento de la vivienda del sospechoso para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de L. A. como medida de coerción.

Entre las pruebas reunidas figuraron informes interdisciplinarios, entrevistas con el entorno familiar, el secuestro de teléfonos durante el allanamiento y una pericia médica forense. No obstante, remarcaron que la acusación está respaldada por la videofilmación incorporada al expediente.

Sobre el pedido de prisión preventiva, la fiscal argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que el imputado carece de trabajo registrado y de vínculos familiares cercanos en la zona. Además, restan producir pruebas clave: entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los dispositivos secuestrados y el análisis forense del video.

De la misma manera, destacó que uno de los menores reside cerca del domicilio del acusado, lo que reforzó la necesidad de mantener la prisión preventiva. Tras oír a las partes, el juez Marco Lupica Cristo formalizó los cargos y fijó la detención preventiva por dos meses, mientras la investigación penal continuará por un total de cuatro meses.