El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes el Decreto Ejecutivo 423, que establece un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez de las 24 provincias del país y en tres cantones, con una vigencia de 60 días prorrogables por otros 30 si las condiciones de seguridad lo exigen. La medida, la más reciente de una larga cadena de emergencias desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, responde a un deterioro sostenido de la seguridad que el propio decreto cuantifica: 879 homicidios registrados entre el 1 de mayo y el 12 de junio en los territorios afectados.

Las provincias bajo la medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Se suman los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar. La geografía del decreto traza con precisión las principales rutas del narcotráfico: desde los puertos del litoral, utilizados para exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos, hasta Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia donde el decreto advierte sobre la presencia de estructuras armadas de origen colombiano.

El estado de excepción suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas registrar inmuebles e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados organizados, armas o sustancias sujetas a fiscalización. A diferencia del estado de excepción anterior, que incluyó toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y Guayaquil, el Decreto 423 no contempla esa restricción.

Según informes del Centro Nacional de Inteligencia citados en el decreto, la violencia obedece a dinámicas diferenciadas por zona. En la costa, las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo atraviesan una reconfiguración criminal, mientras que Santa Elena y Esmeraldas registran un incremento sostenido de violencia. La andina Pichincha enfrenta nuevas modalidades delictivas y la serrana Azuay acumula lo que el documento describe como panoramas de violencia de alto impacto.

El contexto estadístico es contundente. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En 2020, esa tasa era de 8,1. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica al país en el cuarto lugar mundial en su índice de criminalidad. El primer trimestre de 2026 mostró una leve reducción interanual de 550 homicidios menos que en el mismo período de 2025, pero el repunte registrado entre mayo y junio sugiere que esa tendencia no se consolidó.

El decreto anterior, que abarcó nueve provincias, entró en vigor el 2 de abril y expiró el 31 de mayo. Con el nuevo, Ecuador acumula cerca de 900 días bajo algún régimen de excepción desde que Noboa inició su gobierno, una cifra que ilustra tanto la persistencia de la crisis como los límites de una estrategia basada en la militarización del orden público. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante estados de excepción anteriores, aunque el decreto establece que la intervención militar deberá respetar de forma irrestricta los estándares internacionales de derechos humanos.

La fragmentación de las organizaciones criminales, resultado en parte de la captura y extradición de líderes históricos, ha derivado en una multiplicación de facciones que disputan territorios y rutas con mayor violencia y menor previsibilidad. Esa dinámica es la que el Gobierno busca contener con herramientas de emergencia que, hasta ahora, no han logrado revertir de forma sostenida la espiral de violencia que convirtió a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.