Miles de judíos ultraortodoxos bloquearon este jueves varias autopistas del centro de Israel y cortaron el servicio de trenes durante más de dos horas en la última oleada de protestas contra el reclutamiento militar obligatorio. Las movilizaciones, convocadas por la Facción de Jerusalén —uno de los grupos haredíes más radicales—, se producen en un momento de escalada de detenciones de jóvenes que se niegan a presentarse a las convocatorias de alistamiento.

Las rutas 1, 4 y 6 permanecieron cortadas durante la tarde, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía. El aeropuerto Ben Gurión registró caos operativo al quedar sin conexión ferroviaria. También se cortaron las carreteras 34 y 25 cerca de Netivot. Se reportaron dos heridos: un joven haredí de 21 años atropellado en la ruta 1 y un civil de 93 años.

Los incidentes se originaron en parte en la jornada anterior: el miércoles, manifestantes protagonizaron actos vandálicos frente a la residencia del juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, en respuesta a una orden suya para intensificar los arrestos de evasores. La policía detuvo a varios implicados y los transfirió a la justicia militar. Las protestas del jueves respondían en parte a la demanda de liberación de esos detenidos.

Los manifestantes portaban carteles con el lema "Un joven detenido = una ruta bloqueada". Algunos llevaban insignias amarillas con la Estrella de David. La mayoría llegó en autobuses desde Jerusalén, Beit Shemesh y otras ciudades de concentración haredí. No fue la primera movilización de esta magnitud: el 1 de junio, decenas de miles ya habían bloqueado carreteras y vías de tren en el centro del país, con un saldo de un herido grave por atropello.

El trasfondo legal llegó a un punto de quiebre en junio de 2024, cuando el Tribunal Supremo resolvió que no existía base legal para la exención que amparaba a los jóvenes ultraortodoxos desde la fundación del Estado en 1948, y ordenó su incorporación bajo las mismas leyes de conscripción aplicables al resto de la población. El cumplimiento del fallo ha sido prácticamente nulo: solo 3.060 graduados de educación ultraortodoxa se alistaron en 2024, cifra casi idéntica a la de una década atrás. La tasa de enrolamiento haredí ronda el 1,7%, frente al 88% del resto de la población judía israelí. El Ejército ha advertido al tribunal que necesita al menos 12.000 nuevos efectivos y que, a partir de mediados de 2026, no existirá ningún límite de capacidad de absorción.

El peso demográfico de la comunidad agrava el problema. Los haredíes representan hoy el 13,5% de la población israelí y el 17% de los hombres en edad de reclutamiento, frente al 2,4% que suponían en 1974. Con su alta tasa de natalidad, se proyecta que uno de cada tres judíos israelíes será ultraortodoxo en 2050. Una encuesta del Israel Democracy Institute de 2024 reveló que el 70% de los judíos no haredíes apoya el fin de las exenciones, percibidas como un reparto inequitativo de la carga del servicio.

El gobierno de Netanyahu ha quedado atrapado en una contradicción estructural: depende del apoyo parlamentario de Shas y Judaísmo Unido de la Torá, los dos partidos ultraortodoxos que abandonaron la coalición precisamente por este asunto. En marzo de 2026, el Ejecutivo aprobó el presupuesto estatal sin incluir la ley de exención, que quedó archivada. En abril, el Tribunal Supremo ordenó nuevas medidas contra los evasores ante lo que calificó como desacato sistemático. Con elecciones previstas para el otoño de 2026, la resolución del conflicto depende menos de principios constitucionales que de la aritmética de coalición que Netanyahu necesita para sobrevivir políticamente.