Un hombre de 41 años fue detenido en Resistencia en la provincia de Chaco, tras una denuncia presentada por su ex pareja, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El caso generó conmoción en la comunidad local luego de que la víctima, una joven de 25 años, hiciera pública su situación a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las lesiones sufridas durante la relación.

La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.

La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N°4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.

La causa fue caratulada como "Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto". Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.

Según se informó, el caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N°4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.

Casi un mes atrás, la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.