La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva de trece personas acusadas de integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, tras rechazar las apelaciones presentadas por las defensas. En febrero pasado, la Fiscalía había incorporado la figura de "organización criminal" a la causa.

La causa se centra en la figura de Guillermo Rafael Boscán Bracho, ciudadano venezolano identificado como líder de la denominada Banda del "Yiyi" relacionada con la mencionada organización. El principal imputado fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Corrientes, bajo un pedido de captura internacional por delitos como extorsión, homicidio, terrorismo y tráfico de armas. Se trata de uno de los criminales de Venezuela más buscados y actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de "alto riesgo". Su extradición fue confirmada a mediados de marzo de este año.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal N° 1 de la provincia, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), permitió identificar a los doce integrantes, procesados bajo las iniciales E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C., M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A. Entre los procesados se encuentran once venezolanos, una colombiana y un argentino, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Púiblico Fiscal.

El pasado diciembre, la Cámara Federal de Corrientes había confirmado los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero anuló parcialmente la imputación por organización criminal, exigiendo una notificación específica a los acusados. A raíz de esa decisión, los fiscales solicitaron la ampliación de las indagatorias.

En febrero ampliaron las acusaciones contra los mismos trece individuos en donde se incorporó la figura de "organización criminal" tras la decisión del Gobierno Nacional de incorporarlos al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET).

La resolución judicial sostiene que existen elementos que permiten "sostener, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas", así como la intervención funcional de cada imputado. Los magistrados remarcaron que los recursos presentados por las defensas no lograron desvirtuar la solidez jurídica ni los elementos probatorios reunidos.

Según consta en la investigación, la estructura criminal operaba en el país con "capacidad operativa, logística y económica", y sus miembros cumplían funciones diferenciadas dentro de una red estable y coordinada. En uno de los allanamientos, se incautaron computadoras, máquinas contadoras de billetes, dinero en efectivo de distintas divisas y documentos en un local comercial en el barrio porteño de Colegiales.

La organización se encontraba dividida en dos células operativas que mantenían comunicación permanente con Boscán Bracho y recibían directivas de su parte estando en prisión.

Los fiscales destacaron la capacidad de planificación y logística del grupo, que permitió a sus miembros adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor sin registrar actividad laboral formal ni ingresos compatibles. Una de las propiedades allanadas corresponde a un campo ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes, mientras que otras detenciones ocurrieron en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezeiza, La Plata y la capital provincial.

El Tren de Aragua fue incorporada en febrero de 2025 al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), mediante un decreto publicado en Boletín Oficial. Según datos de la investigación, la estructura funcionó en el país hasta el 28 de mayo de 2025, aunque los orígenes de la megabanda se remontan a 2004 y 2005 en la prisión de Tocorón, en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez.

La detención del líder se produjo luego de que ingresara a la Argentina desde Colombia en junio de 2019 con una identidad falsa. Cuando fue arrestado, residía en un country de la ciudad de Corrientes. Desde entonces, la causa avanzó con la colaboración de distintos organismos judiciales y de seguridad, lo que permitió desarticular la presunta red criminal.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el fallo de la Cámara Federal ratifica la existencia de una organización estructurada con permanencia temporal, distribución funcional de tareas, coordinación interna y proyección transnacional, características compatibles con la figura de asociación ilícita según el artículo 210 ter del Código Penal.