Los 10 alumnos del Colegio Palermo Chico que denunciaron por abuso sexual al empresario Marcelo Porcel recibieron en las últimas horas su propio botón antipánico mientras que al imputado -cuyo procesamiento quedó firme la semana pasada- ya le colocaron la tobillera electrónica que ordenó la Justicia para controlar que no se acerque ni a las víctimas ni a sus familias.

Los dispositivos de los adolescentes fueron entregados este martes por la Policía de la Ciudad en sus respectivos domicilios. Son teléfonos que tienen una aplicación especial y que se activan ante una situación de urgencia para alertar a las autoridades.

El artefacto de geolocalización de Porcel, sin embargo, se demoró hasta este miércoles: la misma fuerza encargada de entregárselo advirtió que la Justicia se demoró en darle los datos específicos del empresario que requerían para avanzar. Por ejemplo, domicilio y rango de distancia.

En este contexto, el abogado de las víctimas Pablo Hawlena Gianotti presentó dos escritos de reclamo ante el juez, que fueron enviados entre el lunes y el martes, para exigir celeridad. "Ya es el sexto día sin tobillera", subrayó el letrado esta mañana.

La resolución de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la semana pasada fue clara en este punto: "Se ordena la inmediata colocación del dispositivo", reza el documento al que accedió Infobae. La decisión fue comunicada el jueves por la noche.

"Debió haber sido, como máximo, el viernes 29 de mayo", explicó el querellante sobre el procedimiento.

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También se le atribuyen delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al imputado, donde —de acuerdo con la acusación— se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.

El jueves pasado, la Justicia consideró que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron "coherencia interna", "estructura lógica" y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso, y confirmó el procesamiento contra él.

Sin embargo, decidió mantenerlo en libertad al considerar que tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. En cambio, ordenó medidas adicionales de control y protección para las víctimas.

Entre ellas, dispuso la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el cuerpo del imputado -es decir, tobillera electrónica-, además de sistemas de alerta para los denunciantes ante eventuales acercamientos prohibidos.

En una segunda resolución, se confirmó además la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales.

La defensa había cuestionado la medida al sostener que solo puede aplicarse a personas con condena firme y que vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la legislación vigente habilita la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y consideró que se trata de una medida "instrumental y registral", comparable a la toma de huellas dactilares.