La captura de Dylan Uriel Escalada, alias 'Toro', marca un nuevo capítulo en la larga disputa territorial que asola el corazón de La Matanza.

La detención se produjo a menos de un año del crimen de Nahuel Beltrán, un joven que murió tras recibir múltiples disparos en la villa Las Antenas, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador. El hecho, que sacudió a la comunidad local, fue el resultado de una feroz disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo y al control de la zona.

El caso había dado un giro inesperado cuando, tras la balacera que terminó con la vida de Beltrán, se desató una serie de operativos policiales para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque. Matías Ramón Junco, conocido como 'Ojo', fue el primero en ser arrestado a finales de julio de 2025. Poco antes, la policía ya había detenido a Jorge Luis Melgarejo, apodado 'El Gordo Coca'. Ambos eran señalados por la investigación como piezas clave en la estructura criminal que controlaba el negocio de la droga y ejercía la violencia en el barrio.

Según informó el portal Primer Plano On Line, la captura de Escalada, quien había permanecido prófugo durante varios meses con orden de captura nacional e internacional, fue posible gracias a la colaboración de la familia de la víctima. Según se informó, el padre de Beltrán notificó a la Fiscalía de Homicidios sobre el regreso del sospechoso al barrio, lo que permitió montar un operativo encubierto que culminó con su aprehensión.

El episodio que derivó en la muerte de Beltrán ocurrió el 6 de julio de 2025, cuando una balacera conmocionó a la villa Las Antenas. El joven resultó gravemente herido y falleció once días después. Las cámaras de seguridad y testimonios recolectados por la policía permitieron identificar a los presuntos autores de los disparos, entre ellos Dylan Escalada. La investigación judicial determinó que el ataque fue producto de una "guerra por el control del territorio" entre bandas rivales, dedicadas principalmente a la venta de estupefacientes y al ejercicio de la violencia como método de intimidación.

Desde la detención de Junco y Melgarejo, la justicia provincial había intensificado la búsqueda de Escalada, considerado uno de los tiradores más activos. La orden de captura se extendió a nivel nacional e internacional, sin resultados concretos durante varios meses. La situación cambió cuando, tras casi un año de ausencia, Escalada fue visto nuevamente en la zona, hecho que desencadenó la intervención policial.

La información aportada por la familia de la víctima resultó determinante. El padre de Beltrán se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y alertó sobre la presencia del sospechoso en el barrio. El fiscal a cargo, Diego Rulli, dispuso que agentes policiales realizaran tareas de vigilancia encubierta para confirmar la veracidad de la denuncia. Durante los patrullajes, varios efectivos vestidos de civil lograron divisar a Escalada, quien intentó refugiarse en una vivienda abandonada de tres pisos, ubicada en la intersección de O'Gorman y Las Heras.

El operativo estuvo bajo la supervisión del comisario Patricio Miño, titular de la comisaría 4ª de Lomas del Mirador. Participaron efectivos del Gabinete Técnico Operativo, agentes del área de Delitos Complejos y del Comando de Patrullas Norte de La Matanza. Según detalló una fuente de la investigación, Escalada no logró escapar pese a su intento de ocultarse y fue aprehendido en el lugar. Durante la mañana del jueves, fue trasladado a la fiscalía para ser indagado, instancia en la que se negó a declarar.

La captura de Dylan Escalada responde a una orden judicial emitida tras la recopilación de pruebas que lo ubican como uno de los principales responsables de la balacera que terminó con la vida de Beltrán. Las autoridades consideran que la detención de los tres principales sospechosos —Junco, Melgarejo y Escalada— representa la desarticulación de una estructura delictiva que había impuesto el temor en el interior de la villa Las Antenas.

Los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tenencia ilegal de armas de guerra y comercialización de estupefacientes. Según consta en el expediente judicial, la pena en expectativa para estos delitos es la prisión perpetua. La instrucción fiscal sostiene que los acusados integraban una banda organizada que operaba con roles claramente definidos y con un nivel de violencia que alarmó a los vecinos.

La organización, según el expediente, actuaba a través de la intimidación armada y la distribución de drogas en distintos sectores de la villa. La investigación policial y judicial da por desarticulada la banda tras la serie de arrestos, aunque se mantienen líneas abiertas respecto a posibles colaboradores o remanentes de la estructura.

La fiscalía espera avanzar en las próximas semanas hacia la elevación a juicio de la causa, con pruebas que incluyen grabaciones, testimonios y peritajes balísticos. El hecho de que tanto Junco como Melgarejo y Escalada hayan sido identificados y detenidos permite al Ministerio Público Fiscal sostener la acusación bajo la figura de homicidio agravado.