Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de Sur Finanzas y amigo de Carlos "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10 de la mañana a declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield. Una hora más tarde está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales de manera puntual porque, si no, el magistrado ya ordenó su detención.

Vallejo se declarará inocente de la totalidad de los hechos que se le atribuyen y rechazará "enfática y categóricamente" cada una de las imputaciones que le formulan los investigadores.

La comparecencia del financista fue confirmada a Infobae por Marcelo D'Alessandro. El abogado defensor fue muy claro ante las preguntas de este medio: "Vallejo va a declarar y, de acuerdo con las imputaciones, contestará o no. Hay delitos que investigan otros jueces. Tiene siete jueces interviniendo. Uno lo sobreseyó. Eran ocho", recapituló.

En este último caso, D'Alessandro se refería a Santiago Inchausti, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, en una causa por delitos fiscales que prescribió por más de nueve años de inactividad procesal. El fallo, dictado el 12 de mayo pasado, se basó en que la presunta conducta delictiva había cesado el 31 de diciembre de 2016 y que Vallejo recién fue llamado a indagatoria el 15 de octubre de 2025, por lo que "el plazo de seis años previsto conforme al máximo de la escala penal aplicable transcurrió sin que mediara acto interruptivo válido". El fiscal Santiago Eyherabide emitió un dictamen favorable al sobreseimiento.

En esa causa, Vallejo era investigado por haber actuado como "contador o asesor" de dos personas entre fines de 2015 y 2016, y se le imputó haber utilizado datos personales y claves fiscales para gestionar altas y modificaciones registrales —desde su rol en una casa de cambio— con el fin de "disimular la real situación fiscal de los obligados". La ausencia de antecedentes penales también jugó a su favor.

El sobreseimiento no afecta las múltiples causas que aún tiene abiertas. Entre ellas, como recordó el letrado, la que se tramita en el juzgado federal porteño a cargo de María Servini que lo investiga por el "rulo cambiario". El eje de la investigación es una operatoria denominada "rulo financiero", que habría consistido en obtener divisas al tipo de cambio oficial —con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la presidencia de Alberto Fernández— para después colocarlas en el mercado negro y capturar la diferencia entre ambas cotizaciones como ganancia ilícita.

Según la hipótesis que sostienen los investigadores, el circuito habría movilizado cerca de 500 millones de dólares a través de una red de sociedades y casas de cambio. El acceso al mercado oficial se habría logrado mediante declaraciones juradas, tras lo cual los dólares obtenidos eran canalizados hacia el mercado informal, donde se vendían a un precio notablemente superior.

Otra es la que instruye Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Federal de Campana. Investiga una porción de la causa en la que el juez Armella y la fiscal Incardona se declararon parcialmente incompetentes.

En este caso, por ejemplo, Vallejo no contestaría preguntas que puedan impactar en ese otro expediente. La defensa ya había desplegado una serie de planteos procesales con el objetivo de suspender o bloquear las indagatorias que había fijado el juez Armella e incluso la defensa articuló un planteo de nulidad del trámite de la causa, que también se encontraba pendiente al momento de la audiencia. La defensa sostuvo que no correspondía avanzar con la indagatoria mientras ese planteo no estuviera resuelto.

El magistrado rechazó de plano el recurso de reposición. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad "implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso", lo que calificó como un uso "manifiestamente obstructivo del sistema procesal". Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio e impuso costas a la defensa por considerar que "no tuvo una razón plausible para litigar".

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata avaló íntegramente la postura del juzgado y rechazó los planteos recursivos del abogado defensor, despejando el camino para que las audiencias se efectúen sin demoras.

La fiscal Incardona también refutó el argumento de la "irreversibilidad": señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un perjuicio ante una convocatoria diseñada precisamente para garantizar el derecho de defensa.

Como resultado de toda esa secuencia, Armella fijó para hoy la nueva fecha de indagatoria para Vallejo y su madre bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar su detención inmediata en caso de incomparecencia.

El Juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.

El expediente identifica tres ejes delictivos principales:

Asociación ilícita. Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.

Defraudación por administración fraudulenta. La maniobra se sostiene sobre dos ejes:

1. Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:

En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado "en dinero efectivo", lo que impidió toda trazabilidad bancaria.

2. Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. Sin embargo, el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.

Lavado de activos agravado. Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:

Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.