En medio de la investigación por la falsificación de la identidad de médicos, el ejercicio ilegal de la medicina y una asociación ilícita dedicada a estafas en servicios sanitarios, la Municipalidad de La Matanza clausuró en las últimas 48 horas diez establecimientos vinculados a la firma Argentina Salud. Asimismo, indicaron que todos contaban con la habilitación del Colegio Médico de Morón.

Mientras la justicia investiga el funcionamiento de estos consultorios, se dio a conocer que todos ellos contaban con una habilitación emitida por la institución correspondiente a la jurisdicción. Sin embargo, indicaron que no existía una empresa registrada como titular de los mismos, sino que funcionaban bajo habilitaciones individuales tramitadas a cada profesional.

El operativo se realizó este jueves por orden del fiscal Fernando Garate, titular de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Laferrere, quien requirió el apoyo de las autoridades locales para clausurar los locales allanados por la Policía Federal. Así, los consultorios afectados operaban en distintas localidades, quedando todos inhabilitados para seguir brindando atención.

Según la información publicada por Primer Plano Online, la totalidad de los locales vinculados a Argentina Salud fue cerrada. Cuatro de ellos estaban situados en Virrey del Pino, en las direcciones de Manzanares N° 3233, Fortín Yunka N° 609, Hugo Wats N° 325, Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas N° 20.956 y Molina N° 8371.

Mientras que otros tres se encontraban en González Catán, sobre Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas N° 14.901, Matienzo N° 5008 y Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas N° 14.825, los últimos dos se ubicaban en San Justo, sobre Entre Ríos N° 3457 y Hipólito Yrigoyen N° 2246/48.

Una de las detenidas, identificada como D. S., admitió ante el fiscal Garate que ejercía la medicina sin estar habilitada en Argentina, pese a contar con título de médica en Cuba. Durante su declaración, la acusada indicó que utilizaba un sello con el nombre de Sofía Luna, provisto por A. S., el propietario de la red, quien también se encuentra detenido.

El caso surgió a principios de enero, cuando la doctora R.N., cirujana plástica con consultorio en Palermo, fue citada como testigo en un juicio por lesiones culposas en La Matanza. La citación, gestionada por una compañía de seguros, la vinculaba a una intervención médica en el distrito, hecho que nunca realizó. La profesional descubrió que su identidad y título habían sido usurpados, por lo que radicó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Aunque la primera hipótesis apuntaba a la existencia de una red ilegal de medicina, fuentes oficiales de la investigación indicaron a Infobae que está bajo sospecha la posibilidad de que, en realidad, se hubiera tratado de una pantalla para blanquear dinero de origen delictivo.

Aparentemente, la organización habría surgido de una banda vinculada a la piratería del asfalto y utilizaba fondos provenientes del robo de mercaderías en tránsito para montar una empresa de medicina prepaga falsa, consultorios sin habilitación, farmacias irregulares y una flota de ambulancias apócrifas.

Inicialmente se comunicó la detención de seis personas, pero la Policía Federal precisó que el número de arrestados ascendió a 29 adultos tras el avance de los procedimientos. Entre ellos, varias personas que fueron señaladas por ser falsos médicos, camilleros y farmacéuticos.

Durante los allanamientos que fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°3, dirigido por Rubén Ochipinti, los agentes secuestraron siete vehículos ploteados como ambulancias, que circulaban sin habilitación. También se encontró una escopeta, dos pistolas, municiones, 286 sellos de profesionales de la salud, talonarios, recetarios médicos, 3.200 historias clínicas, 36 teléfonos celulares, 48 computadoras y otros dispositivos electrónicos, junto con medicamentos e insumos médicos valuados en aproximadamente 80 millones de pesos.

Además, en la propiedad ubicada en la calle Fortín Yunka de Virrey del Pino, los investigadores hallaron restos de medicamentos parcialmente incinerados y excavaciones en distintos sectores del terreno. Esta escena motivó la intervención del Departamento Delitos Ambientales y la División Unidad de Búsqueda de Evidencia. A pesar del rastrillaje con perros, no se detectaron restos humanos, pero surgió una nueva línea de investigación para determinar si allí se intentó ocultar o destruir pruebas vinculadas a la causa.

Mientras se desarrollaban los operativos, los pacientes y vecinos se acercaron espontáneamente a los lugares intervenidos para denunciar presuntos casos de mala praxis, tratamientos realizados por personas sin título habilitante e irregularidades médicas. Estos testimonios fueron incorporados al expediente con el objetivo de ampliar el alcance de la investigación.

La causa busca ahora reconstruir no solo el funcionamiento de la falsa empresa de medicina prepaga, sino también su dimensión económica y patrimonial. Por el momento, la Justicia intenta determinar el volumen de dinero manejado por la organización, la cantidad de personas atendidas en condiciones irregulares y la posible existencia de más víctimas.