El ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales, presentó su renuncia en medio de una crisis política y social que desde hace semanas golpea al país. La salida del funcionario se produjo durante una reconfiguración del gabinete anunciada por el presidente Rodrigo Paz, que enfrenta protestas, bloqueos y desabastecimiento en las principales ciudades.

"Pongo mi cargo a disposición. Quiero pacificar mi país. El presidente sabrá a quién nombrar en mi lugar", declaró Morales.

En su lugar, Williams Bascopé Laruta asumió la titularidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En el acto de posesión, el nuevo ministro sostuvo: "Solamente pido a Dios que nos ilumine con sabiduría, con justicia, y especialmente al señor presidente, y a quien nos habla, y ensombrezca a todos en el país. Son momentos difíciles, pero los podemos superar, porque el país es grande, porque el país se llama Bolivia", afirmó la nueva autoridad, quien también es abogado constitucionalista y analista político, conocido en el ámbito jurídico por su postura crítica frente a decisiones contrarias al marco constitucional.

Rodrigo Paz reiteró su voluntad de diálogo con todos los sectores y agradeció a Bascopé Laruta por aceptar este desafío. "Quiero agradecer el hecho de que acepte este reto. Esta es una Bolivia diversa, una Bolivia que en el gobierno se expresa en esa diversidad", expresó el presidente durante el acto.

En 2025 Morales se había lanzado como precandidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto a Johan Friesen, pero luego bajó su postulación para apoyar a Rodrigo Paz. Ese giro fortaleció la campaña de Paz en El Alto y en provincias paceñas y, como consecuencia, fue nombrado ministro de Trabajo el 9 de noviembre de 2025, un cargo que terminó este día en un momento de crisis en el país.

La decisión de Morales se dio en el contexto de una ola de protestas que, en tres semanas, incrementó los bloqueos de rutas a 40 puntos en todo el país, especialmente en los accesos a La Paz y El Alto. Las movilizaciones, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en una exigencia de renuncia del presidente.

Las ciudades afectadas enfrentaron aumentos en los precios de alimentos y combustibles, largas filas en los mercados y hospitales con pocas horas de oxígeno medicinal disponible.

Ante la escalada del conflicto, Paz anunció ayer un reordenamiento del gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para abrir un espacio de diálogo dirigido a "todas las personas y sectores", incluidos los movilizados, aunque excluyó a quienes promueven la violencia. Además, descartó que vaya a renunciar a su cargo. "Estaré cinco años para reordenar el país".

La crisis se trasladó al plano diplomático luego de que el gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por considerar injerencistas las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien describió la situación como una insurrección popular. Colombia respondió retirando al encargado de la embajada boliviana en Bogotá y su cancillería reafirmó el respeto a la soberanía y la no intervención en asuntos internos.

Luego, el respaldo internacional incluyó el apoyo explícito del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que Washington no permitirá la caída de líderes democráticamente elegidos por acción de criminales o traficantes de drogas.

"Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente", señaló Rubio.

El gobierno de Paz denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento de desestabilización institucional y recibió apoyo de otros países de la región, como Uruguay y República Dominicana, que llamaron a preservar la institucionalidad democrática.

La renuncia de Morales y la llegada de Bascopé ocurrieron en un momento clave de la crisis, mientras el Ejecutivo enfrenta el desafío de administrar las repercusiones laborales de los bloqueos y la incertidumbre económica. El nuevo ministro deberá atender las demandas de sectores productivos, transporte, comercio y servicios, afectados por la prolongación del conflicto.

La situación en los mercados populares se agravó y el gobierno habilitó un puente aéreo con apoyo argentino para trasladar alimentos e insumos básicos. La escasez persistió y algunos hogares estatales para niños podrían quedarse sin provisiones en las próximas horas.

Paz insistió en que el diálogo "sigue abierto" para las organizaciones sociales y aclaró que la referencia a "vándalos", que había hablado ayer, apunta solo a quienes cometen actos violentos o saqueos. "Las organizaciones sociales, las que representan a las organizaciones sociales, siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el Gobierno", dijo.