Konstantin Rudnev, el ruso detenido en Bariloche acusado de liderar la secta de Montenegro dedicada a la trata de personas, cumplirá su prisión domiciliaria en Buenos Aires. Así lo definió en las últimas horas el juez federal de garantías Gustavo Zapata, quien autorizó su traslado a una casa de la localidad bonaerense de San Vicente.

La defensa de Rudnev, a cargo del abogado Martín Sarubbi, había solicitado el arresto domiciliario luego de que la Justicia dispusiera esa modalidad de detención el pasado 23 de abril.

Aquella vez, el tribunal fijó como lugar de cumplimiento una vivienda en San Vicente, provincia de Buenos Aires, con medidas estrictas: uso de tobillera electrónica, prohibición de contacto con la presunta víctima, intervención de garantes y una caución real de 30 millones de pesos, que se realizó seis días después, el 29 de abril, por el monto determinado.

Según la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, todas esas condiciones ya estaban en regla y el sistema de control estaba disponible para su colocación. Pero la medida se demoró debido a que la fiscalía impugnó la decisión y pidió el que imputado continuara detenido en una cárcel federal en Rawson, Chubut, alegando que persistían riesgos procesales.

Entre sus objeciones, el Ministerio Público mencionó la ubicación rural del domicilio, la dificultad de acceso, la convivencia con una mujer considerada vulnerable y que la caución fijada resultaba insuficiente.

Además, señaló la condena previa de Rudnev en Rusia por delitos sexuales y narcotráfico, y el contexto de su detención en el aeropuerto de Bariloche, cuando intentó salir del país y se autolesionó.

Así, la cuestión pasó a manos del Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca, que finalmente rechazó el recurso extraordinario presentado por la fiscalía.

Los jueces consideraron que el planteo del Ministerio Público Fiscal no era válido, ya que la resolución cuestionada no es definitiva ni genera un perjuicio irreparable para el proceso.

En ese sentido, explicaron que lo único que se modificaba era la modalidad de la detención -de cárcel común a domiciliaria-, pero no la medida en sí. Por eso, entendieron que no correspondía la intervención de una instancia superior.

Por esa razón, también desestimó el planteo de arbitrariedad que había presentado el MPF y descartó que interviniera la Cámara Federal de Casación Penal.

En medio de todo ello, la defensa presentó un hábeas corpus para reclamar por la demora de su traslado.

La causa contra Rudnev investiga una supuesta organización que, bajo la fachada de un espacio de yoga y espiritualidad, habría captado y trasladado a una joven rusa y a su hijo con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.

El expediente comenzó tras una alerta médica en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde una joven de 22 años -de la misma nacionalidad que el acusado- dio a luz y denunció situaciones irregulares.

Según la defensa, la presunta víctima negó ante la Justicia haber sido captada o explotada, y no existen pruebas que sostengan la acusación.