Una nueva amenaza agrava la situación de la mujer de 35 años que denunció a un grupo de policías por abuso de autoridad dentro de una comisaría de San Francisco de Chañar, en Córdoba. En las últimas horas, la denunciante recibió un mensaje intimidatorio que la puso en alerta y la llevó exigir protección a la Justicia.

"Levantá la denuncia xq vas a ser persona muerta hija de puta", decía el aviso directo escrito a mano sobre una hora tamaño A4, según la presentación radicada por el abogado Ignacio Almada Vargas.

El letrado afirmó que su defendida "está tremendamente asustada" y solicitó medidas urgentes ante el riesgo para su integridad. Pidió que se investigue el origen de la amenaza y que se disponga una consigna policial permanente para resguardar a la víctima.

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, quien tiene a cargo el expediente por abuso de autoridad, explicó que la denuncia por amenaza se investiga en la jurisdicción de Colonia Caroya, donde actualmente vive la mujer.

En ese sentido, detalló que el nuevo hecho será analizado por la fiscalía local, aunque en la causa principal sirve para incorporarse como un elemento de riesgo procesal por el contexto de amedrentamiento en torno a la denunciante.

Precisamente, la causa original sigue en etapa preliminar. Ya se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de tres policías, que serán peritados para analizar si existen comunicaciones vinculadas al hecho.

Además, la fiscalía avanzó con la toma de testimonios a personas que estuvieron en la comisaría el día de la denuncia. Según pudo saber Infobae, algunas de ellas describieron un clima de "prepotencia" de parte de los efectivos señalados.

Otro punto clave bajo análisis es la situación en que la mujer fue citada: se la convocó como testigo, aunque después se la trató como sospechosa. Fuentes del caso señalaron que el secretario de la comisaría no estaba al tanto de la convocatoria.

En paralelo, la fiscalía ordenó una nueva apertura y análisis del teléfono de la denunciante, quien amplió su testimonio el jueves pasado en compañía de su abogado y una psicóloga. Allí relató más detalles sobre lo que vivió en la comisaría.

Mientras tanto, este lunes hubo una movilización en San Francisco de Chañar convocada por vecinos, familiares y compañeros de los policías denunciados, quienes expresaron su apoyo a los efectivos y reclamaron por lo que consideran una acusación injusta.

Cabe recordar que inicialmente eran cuatro los efectivos investigados, tres hombres y una mujer. No obstante, la oficial mujer quedó apartada de la investigación, ya que se comprobó que ese día estaba ausente por un tema familiar.

Así las cosas, hasta ahora, no hay imputaciones formales y la causa se investiga como un supuesto caso de abuso de autoridad.

La investigación comenzó a partir de un robo ocurrido en noviembre del año pasado en un almacén de San Francisco de Chañar. Dos ladrones ingresaron por un ventiluz, se llevaron dinero en efectivo y ahorros en dólares que el dueño tenía guardados.

La policía local inició la búsqueda de los responsables, pero durante varios meses no hubo avances concretos.

A fines de marzo, la mujer de 35 años fue señalada como posible sospechosa de tener algún vínculo con el hecho o con el dinero sustraído. La citaron a la comisaría, donde -según denunció su abogado- fue interrogada bajo presión para que se autoincriminara.

En ese contexto, siempre de acuerdo a la denuncia, los policías le exigieron que entregara su teléfono celular sin orden judicial y revisaron archivos personales, entre ellos material relacionado con su trabajo en la producción de contenido para adultos.

La mujer relató que, durante el procedimiento, uno de los efectivos realizó comentarios de tono sexual y la hostigó con insinuaciones. "Ahora que ya sé lo que hacés puedo agregarte a mis redes y podemos salir un día", le habría dicho, según consta en la denuncia.

Impactada por lo ocurrido, la mujer decidió dejar el pueblo y mudarse a Colonia Caroya al día siguiente. Poco después sufrió una crisis y estuvo internada varios días tras un intento de suicidio.

Tras conocerse el caso, los efectivos acusados fueron pasados a situación pasiva mientras que el Juzgado de Violencia de Género dictó una restricción de acercamiento para proteger a la denunciante.