Tres ex empleados por el fraude de jubilaciones en ANSES Rawson, provincia de San Juan, recibieron este martes una condena de dos años de prisión condicional, el resultado de un proceso judicial que tardó 17 años en llegar a sentencia y que expuso una red de adulteración de documentos para acceder de manera fraudulenta a beneficios previsionales del Estado.

El Tribunal Oral Federal de Rawson, integrado por los jueces Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo, homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Federal —representada por el fiscal Fernando Alcaraz— y las defensas de los imputados.

Según informó el medio regional Dame Noticias, los condenados son la ex funcionaria de la UDAI Rawson María Fernanda Cerdera y los gestores Rubén Gómez y Carlos Zárate. Al tratarse de una pena en suspenso, ninguno de los tres deberá cumplir tiempo efectivo de cárcel.

En el mismo acto, la acusada Andrea del Valle Masquijo fue absuelta por el beneficio de la duda, luego de que la Fiscalía concluyera que no pudo acreditarse su participación en los hechos investigados.

La causa se inició el 31 de agosto de 2009, cuando la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social presentó una denuncia formal. El expediente quedó a cargo del fiscal Francisco Maldonado y del entonces juez federal Leopoldo Rago Gallo. La investigación logró reconstruir maniobras que habrían llevado a cabo entre septiembre y octubre de 2008, en plena implementación de los planes de moratoria previsional del gobierno de Néstor Kirchner.

Esos programas permitían que trabajadores sin los 30 años de aportes regularizaran su situación mediante un plan de pagos descontado ese monto de la jubilación. La alta demanda generada por ese esquema derivó en la creación de la UDAI Rawson en 2006 y en largas filas de personas que buscaban acceder al beneficio. Fue en ese contexto donde, según la investigación, empleados y gestores particulares comenzaron a tramitar jubilaciones usando únicamente fotocopias de DNI.

El mecanismo fraudulento era directo: los gestores alteraban las fechas de nacimiento en las fotocopias para que personas que aún no alcanzaban la edad requerida pudieran aparecer como habilitadas. Las modificaciones variaban en magnitud. En los casos más extremos, la edad fue corrida hasta 10 años; también se detectaron adulteraciones de cinco, tres y dos años, e incluso ajustes de apenas algunos meses para cruzar el umbral etario exigido —65 años para hombres y 60 para mujeres en ese momento.

Un ejemplo ilustra la escala de las irregularidades: personas nacidas en 1942 figuraban en los registros como nacidas en 1932, diferencia suficiente para cumplir el requisito de edad y percibir el beneficio sin tenerlo.

Según la investigación, Gómez y Zárate cobraban distintas sumas de dinero por gestionar esas jubilaciones. Los beneficiarios, en cambio, desconocían que los trámites se realizaban con documentación adulterada.

Alrededor de 15 jubilaciones fueron otorgadas bajo esa modalidad. Los beneficiarios percibieron haberes durante períodos que iban desde dos hasta once meses, hasta que las irregularidades fueron detectadas y los pagos, suspendidos.

El perjuicio económico para el Estado nacional fue calculado en 40.973 pesos al valor de 2008, una cifra que, actualizada al valor actual de una jubilación mínima, equivaldría a más de 25 millones de pesos.