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4 de mayo de 2026

Se fue a bañar, prendió la luz y le estalló el calefón: la trágica muerte de una docente tras una explosión por una fuga de gas

Sucedió en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando. Jesica Coria (44) sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y falleció tras permanecer internada una semana en estado crítico. A un mes del hecho, familiares denuncian que había advertido fallas en la instalación de gas y apuntan contra el dueño de la vivienda

Jésica Coria (44) sintió olor a gas durante días. Se lo dijo al dueño del departamento que alquilaba en la localidad bonaerense de Virreyes, en San Fernando, donde vivía con dos de sus tres hijos. El hombre le dijo que se iba a ocupar, pero no lo hizo. Días después, al encender la luz del baño, una acumulación de gas provocó una explosión que le causó quemaduras en el 60 % del cuerpo. Murió una semana más tarde.

El hecho ocurrió el viernes 27 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Málaga al 2400, a pocas cuadras de la avenida Avellaneda, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Tras el estallido, Jésica fue trasladada de urgencia al Hospital San Cayetano y luego derivada a la Clínica Santa Juana de Arco, en Ciudadela, donde permaneció internada en estado crítico. Finalmente, falleció el 3 de abril.

A un mes de su deceso, su familia organizó una marcha para pedir "justicia". "Esto no puede quedar así. Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija", le dice su madre, Antonia, a Infobae. "Hay ocho familias más viviendo ahí que también corren peligro", agrega.

Jésica tenía 44 años y tres hijos de 22, 18 y 7. Era docente y trabajaba en tres instituciones educativas, entre ellas la Escuela de Educación Primaria N° 34 "Guayaquil" y el Colegio Santo Domingo Savio, donde se desempeñaba como acompañante. Además, estudiaba. "Se iba a cursar después de trabajar", recuerda su mamá.

Aquel 27 de marzo, antes de entrar al baño, Jésica les pidió a sus hijos que se quedaran en la habitación. "Cuidá a tu hermano", le dijo al mayor. Segundos después, cuando encendió la luz, se produjo la explosión y se prendió fuego.

"Se quemó toda", resume su madre. Envuelta en llamas, salió al exterior como pudo y una vecina le tiró una sábana mojada para apagar el fuego. Luego la trasladaron al hospital.

Antonia se enteró de lo que pasó por otra de sus hijas. La mujer, que es paciente dializada y se moviliza en silla de ruedas desde que le amputaron una pierna, no llegó a despedirse de su hija. "Al día siguiente la intubaron y no recuperó la conciencia", lamenta. Según Antonia, Jésica vivía hacía casi cinco años en ese complejo de departamentos precarios sobre la calle Málaga. "Son viviendas chicas, todas encimadas. Hacía rato que había pérdidas de gas", aseguró a Infobae.

Tras su muerte, los familiares comenzaron a exigir justicia y apuntaron contra el propietario del lugar. Según contaron al portal San Fernando Nuestro, mientras la docente agonizaba, el dueño habría realizado modificaciones en la instalación para simular que el suministro de gas estaba cortado antes de la explosión.

El caso llegó a oídos de las autoridades municipales, aunque la familia asegura que todavía no hubo respuestas concretas. "Fui al municipio dos veces para que me reciba el intendente, pero no pasó. Queremos saber qué van a hacer", reclama la madre de la docente.

Ahora, los familiares de la docente fallecida buscan que la causa avance y que se determine la responsabilidad del propietario. Para este lunes, convocaron a una marcha a las 18 en la intersección de Avellaneda y Málaga, en Virreyes. "Jésica no merecía morir de esta manera. Se fue sufriendo", agregaron.

Y cerraron: "Hay más inquilinos. No es solo por Jésica, que hoy ya no está, sino por la gente que sigue viviendo ahí. Hay ocho familias más que también corren peligro. A mi hermana le apagaron la vida. Ya no está como hermana, como hija, como madre, como abuela, como tía. Ya no la tenemos. Lo único que pedimos es justicia. Justicia por Jésica Coria".

Intervino el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Mentasty, y la Fiscalía Correccional de San Fernando, a cargo del fiscal Fuenzalida, que de momento está con licencia. La causa fue caratulada como estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

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