El espeluznante hallazgo de ocho fetos en bolsas de residuos patógenos ocurrido este último fin de semana es solo una parte de un drama mucho más complejo. Hay dos prófugos en el caso, buscados por violar a la menor protagonista de esta historia. También, un familiar que habló, que hizo la denuncia y rompió el silencio. Hoy, todas las piezas de la historia se conectan.

La Justicia y la Policía Bonaerense llegaron a la clínica Santa Rosa de Villa Ballester el sábado pasado en busca de la menor de 12 años embarazada de ocho meses a la que se le practicó un supuesto aborto en el lugar porque, básicamente, la prueba se escapaba. Un exhorto de la Justicia santiagueña había llegado horas antes al despacho del juez Nicolás Schiavo, con jurisdicción en San Martín para allanar el lugar.

Según la historia clínica de la Santa María, el aborto fue practicado el viernes último. Sin embargo, el juez federal Juan Manuel Culotta, que inició una causa por trata de personas, sospecha la chance de que, dado el estado avanzado del embarazo, el chico haya nacido vivo, para ser entregado.

Ahora, se deberán realizar pericias de ADN para determinar si los fetos hallados corresponden o no con el embarazo que gestó la menor. También, si corresponden con los genes de su abusador, si es que lo atrapan.

La menor y su madre, una pensionada de 48 años, son oriundas de Monte Quemado, Santiago del Estero, una pequeña ciudad en el límite con Chaco, de apenas 13 mil habitantes. Allí, según confirmaron fuentes del caso a este medio, un familiar de la menor denunció en febrero último el abuso que sufrió y el embarazo avanzado que atravesaba, lo que motorizó una causa a cargo del fiscal Santiago Bridoux.

Poco después, los relatos en el expediente llevaron a identificar a los dos sospechosos, que hoy se encuentran prófugos con pedido de captura. En el medio, la Fiscalía de Monte Quemado mantuvo comunicación con el Centro Integral de Salud de La Banda, a 325 kilómetros de Monte Quemado. Allí, supieron que se practicaría un aborto. Asegurar una muestra de ADN del feto era crucial para imputar a un acusado. También, se barajaba en el expediente la posibilidad de un tercer implicado en el caso.

Sin embargo, el martes 21 de este mes, todo cambió: el fiscal Bridoux supo que el aborto se realizaría fuera de la provincia. La alarma fue inmediata: la prueba que resolvía o rompía al expediente estaba en riesgo.

Así, el Ministerio Público Fiscal santiagueño llegó al dato que este medio adelantó el sábado: que el aborto se practicaría con el apoyo de una ONG porteña, una "fundación" de Palermo dedicada, según su sitio web, a la salud reproductiva, que costearía los pasajes de la menor y su madre.

Los fiscales, incluso, se comunicaron con una representante de esta ONG. La mujer, según una alta fuente del caso, se mostró "reticente" a dar información. Así, comenzó un protocolo para hallar a la menor embarazada: la investigación, de inmediato, apuntó a la clínica Santa María. Los fetos fueron un hallazgo colateral; se interrumpieron tres embarazos en el lugar el viernes pasado. La madre de la menor fue hallada también. Ante funcionarios, aseguró que no sabía si el bebé que su hija gestaba había nacido vivo o no.

Los fiscales de Santiago del Estero, por su parte, creen que el aborto fue practicado. De todas formas, la causa por trata continúa en la Justicia federal. Las pericias a los fetos hallados serán la clave para despejar cualquier duda. Por otra parte, la Justicia de instrucción de San Martín inició una investigación a la clínica, a cargo de la UFI N° 7 de la zona, para determinar si esos abortos fueron practicados fuera de la ley.