La Justicia de La Plata sobreseyó a los padres de la beba de Ensenada, fallecida en el mes de febrero en el Hospital Gutiérrez, al concluir que no hubo abuso ni lesiones traumáticas tras una serie de peritajes médicos. El juez de Garantías determinó que no existió abandono ni riesgo concreto para la vida de la menor, por lo que los progenitores quedaron desvinculados definitivamente del proceso penal.

La menor, de 1 año y dos meses, murió el 10 de febrero de 2026 tras ingresar con convulsiones al Hospital Gutiérrez de La Plata. La gravedad del caso llevó a la imputación de los padres, y del tío de la víctima, identificados como M. A. A., de 31 años, M. J. V., de 24 años y L. T. A., de 27 años. El fiscal Martín Almirón, de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, profundizó las pesquisas y las investigaciones descartaron abuso y lesiones traumáticas.

El cambio en la investigación se produjo luego de que la autopsia y una reautopsia adicional establecieran que la niña murió a causa de paro cardiorrespiratorio, sin intervención de terceros. Estos resultados científicos invalidaron las imputaciones iniciales contra los padres, quienes permanecían detenidos en Villa Catella bajo la acusación de abandono de persona seguido de muerte.

El expediente había iniciado tras la internación de la menor de un año y un mes con signos compatibles con maltrato y abuso, según los primeros informes médicos, lo que motivó la detención de sus padres. Sin embargo, con los estudios forenses incorporados, tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal solicitaron el sobreseimiento, solicitud aceptada por la Justicia de La Plata.

Gonzalo Escaray, cabeza del equipo de abogados defensores, anunció que impulsarán una denuncia por mala praxis médica debido a las circunstancias en la atención inicial y los informes que dieron origen a la causa: "Promoveremos una denuncia por mala praxis médica, a raíz de las circunstancias que rodearon la atención médica inicial y las conclusiones preliminares que dieron origen a la causa".

Una nueva reformulación de cargos impacta el caso de la muerte de un bebé de 39 días en Centenario, provincia de Neuquén y señala un contexto de violencia, abandono y maltrato persistente. El Ministerio Público Fiscal atribuyó responsabilidades agravadas a la madre y al padre por la "fuerza intensa" ejercida sobre el recién nacido, lo que derivó en su fallecimiento el 30 de agosto de 2025.

Las autoridades judiciales advirtieron que la investigación enfrenta riesgos abiertos por la posible interferencia de los acusados en la declaración de testigos relevantes. Según la imputación, ambos padres agredieron al bebe y son acusado por homicidio doblemente agravado, por vínculo y alevosía, y por lesiones leves y graves.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la acusación y la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la madre, M. S. N., mientras dispuso la continuidad de la prisión preventiva para el padre, M. E. M. El plazo judicial para el avance de la causa fue fijado en cuatro meses.

A este cuadro se suma un dato que refuerza la gravedad del entorno: el niño presentaba lesiones de distinta data desde su nacimiento el 22 de julio, lo que sustenta la hipótesis de maltrato sistemático y no episódico, de acuerdo con la fiscalía. Además, la investigación expuso que el bebé estaba en un entorno de "desprotección severa", sin controles médicos adecuados, con signos de malnutrición y posible exposición a sustancias, lo que agravó su estado de vulnerabilidad.

El informe forense determinó como causa de muerte un "traumatismo craneoencefálico grave y abdominal, compatibles con la aplicación de una fuerza intensa". La autopsia confirmó que las lesiones presentaban características de violencia reiterada.

Según la fiscalía, ambos padres participaron activamente tanto en la agresión directa como en la omisión de protección del menor. La investigación constató también un "consumo problemático" y situaciones de alta vulnerabilidad en el contexto familiar, aunque el fiscal enfatizó ante el tribunal que estos factores no eximen de responsabilidad penal a los acusados.