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23 de abril de 2026

Declararon culpables a los padres de la beba de dos meses que murió tras ser brutalmente golpeada en Paraná

Al recibir atención médica, la recién nacida presentaba 18 heridas externas y varias internas. Tenía 5 costillas rotas, así como hemorragias en cabeza y ojos. Las pericias confirmaron que fue violentada durante 30 días

Un jurado popular de Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y a Ariana Gisele González, de 25 años, por la muerte de su bebé de dos meses, Kathaleya Quetzaly, ocurrida el 12 de octubre de 2021. Ambos fueron acusados por homicidio agravado por el vínculo y alevosía luego de que la recién nacida sea ingresada al Hospital Militar con signos de violencia.

El tribunal consideró a Hernández autor penalmente responsable del delito, mientras que a González, fue responsabilizada por el mismo delito, pero con atenuaciones extraordinarias.

La decisión se produjo tras siete días de debate y una extensa deliberación, según el medio local Elonce. Desde su arresto, la pareja permaneció detenida, bajo arresto domiciliario.

Las investigaciones indicaron que la niña habría padecido agresiones reiteradas durante semanas, lo que provocó un cuadro clínico cuyos daños resultaron en el desenlace fatal. De acuerdo con las pericias, la beba tenía 18 lesiones externas y varias internas, incluidas 5 costillas fracturadas y hemorragias en cabeza y ojos.

El proceso judicial avanza hacia la audiencia de cesura, para definir la pena. Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vílchez y Evangelina Santana, mientras que las defensas fueron ejercidas por Mariana Montefiori, Antonela Manfredi, Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

El juicio comenzó el martes 14 de abril. La acusación formal de la Fiscalía señala la existencia de violencia extrema en la muerte, hecho sucedido en octubre de 2021. La fiscal Evangelina Santana abrió el juicio aseverando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández".

Por su parte, la defensa de Cristian Gabriel Hernández ratificó la inocencia de su representado y aseguró que "no tuvo participación en los hechos". De esa manera, sostuvo que el cuidado de la beba recaía exclusivamente en González, señalando que Hernández trabajaba como soldado voluntario en jornadas de hasta 48 horas. "Mi defendido estaba preocupado por la salud de Ariana, quien padece epilepsia", afirmó el defensor, Rodrigo Juárez, ante el jurado.

La defensora pública Antonela Manfredi argumentó que Ariana Gisele González fue víctima tanto de violencia física como psicológica ejercida por Hernández en el domicilio compartido: "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández". La profesional destacó la existencia de un "retraso madurativo leve", epilepsia y una depresión postparto severa documentada, condiciones que, según su alegato, le impidieron pedir auxilio o proteger a su hija.

Todo comenzó cuando González, la madre de la recién nacida, llamó al 911 porque la bebé no respiraba. Un patrullero que se encontraba cerca acudió de inmediato, trasladando a madre e hija al hospital Militar. Pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron el deceso en la guardia. La vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en Arroyo Correntoso y Nazario Medrano, había sido alquilada por la pareja hacía un año.

"Fue una muerte violenta, por conjunción de cosas y muchas lesiones", señalaron fuentes de la investigación a Infobae. El informe preliminar de autopsia señalaba que la muerte fue causada por múltiples agresiones previas. Según la acusación, ambas personas imputadas ocasionaron una "lesión cerebral de tipo traumática que le produjo la muerte" a su hija mediante golpes y agresiones físicas sostenidas por al menos 30 días.

La Fiscalía sostuvo que los padres "incumplieron su deber de evitar todo tipo de riesgo para su vida y prevaliéndose de su mayor fuerza física y de la nula capacidad de defensa de la niña". Con el propósito de determinar la dinámica de los hechos y obtener detalles sobre el cuidado que recibió la menor, la fiscal Evangelina Santana dispuso el resguardo policial de los acusados y la preservación del domicilio.

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