Dos comunidades mapuches asentadas en una propiedad privada cerca de Villa la Angostura, en Neuquén, advierten que van a resistir cuando la Justicia intente desalojarlos del predio, ya que no tienen otro lugar donde ir.

Se trata del caso en el que más de 15 jueces de la provincia avalaron el desalojo del lugar, al constatar que están asentados de manera irregular en un predio que pertenece a una mujer, quien se constituyó como querellante para recuperar su lugar.

Las comunidades condenadas por usurpación son Melo y Kinxikew.

El juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo semanas atrás, una vez que el caso tuvo sentencia firma. Sin embargo, la diligencia no se pudo concretar debido a que el gobierno neuquino no aportó la fuerza provincial para concretarla.

La Justicia envió a la localidad turística una comitiva de funcionarios y oficiales de Justicia para garantizar el desarrollo del operativo. Viajaron más de 400 kilómetros, desde la capital neuquina hasta Villa la Angostura, aunque la Policía –por disposición del ejecutivo provincial- no envió los refuerzos para garantizar la seguridad durante el operativo.

Voceros de una de las comunidades interpretaron que la suspensión del desalojo no ocurrió por la ausencia de la Policía neuquina, sino por "irregularidades procesales denunciadas" y que "las resoluciones que ordenan el desalojo no se encuentran firmes". Descartaron así que "el escollo sea sólo la omisión del Estado provincial".

Sin embargo, saben que la medida podría ejecutarse en cualquier momento y por ello difundieron en las redes sociales que "el desalojo es inminente".

El caso transitó numerosos despachos judiciales y tribunales de la provincia, y en todos la comunidad mapuche obtuvo fallos adversos.

Más allá de que aseguran haber ocupado esas tierras ancestralmente, no hay documentación que avale sus dichos mientras que la propietaria del lugar, querellante en la causa, cuenta con el aval documental para defender la titularidad dominial.

A pesar de la participación de distintos magistrados –más de 15 en todo el proceso-, los mapuches acusan a Astoul Bonorino de defender intereses inmobiliarios y lo responsabilizan por las "consecuencias" que pueda dejar el operativo para desalojarlos.

Luego del desalojo frustrado, voceros de las comunidades se declararon "en resguardo permanente" y afirmaron: "Estuvimos siempre en los territorios".

La causa comenzó en 2011, cuando la propietaria de uno de los predios denunció el ingreso intempestivo de varias personas referenciadas con las comunidades mencionadas, quienes retiraron candados y se instalaron en el lugar, impidiendo a la damnificada la posibilidad de volver a ingresar.

Lucas Melo, vocero de la comunidad que lleva su apellido, aseveró: "Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por Nación, y tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas".

El mapuche cuestionó los fallos judiciales adversos y apeló a la finalización del relevamiento territorial, para poder demostrar la preexistencia en la zona.

"Desde el territorio, le decimos al juez Bonorino que recapacite, porque nosotros vamos a resistir, nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir, porque es lo único que nos queda. Él será el responsable de lo que suceda", advirtió.