El avance judicial por el derrumbe en boulevard San Juan al 600, ocurrido en Córdoba el 17 de mayo del año pasado, acaba de sumar un nuevo capítulo: la Justicia provincial imputó por estrago culposo agravado al arquitecto Federico Yáñez, director técnico de la obra, y al ingeniero civil Guillermo Juri, responsable de la construcción del muro de revestimiento. La fiscal Celeste Blasco tomó la decisión tras analizar el expediente y las pruebas recabadas durante casi doce meses de investigación. La instrucción apunta a que ambos profesionales habrían incurrido en un delito contra la seguridad pública por imprudencia, negligencia o impericia en el desarrollo de la obra.

El hecho, que terminó con la vida de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y dejó un saldo de ocho personas heridas, marcó uno de los episodios de mayor impacto registrados en la ciudad durante el último año. El derrumbe se produjo en medio de una noche de tormenta que azotó a la capital cordobesa y puso en alerta a los sistemas de emergencia.

La instrucción a cargo de la fiscal Blasco se apoyó en el peritaje técnico oficial, que resultó determinante para reconstruir la secuencia de los hechos. El informe, firmado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje, concluyó que el desprendimiento del revestimiento de la fachada Este del edificio María Reina V se originó por deficiencias en el diseño, la ejecución y el control técnico, según informó el medio regional El Doce.

Entre los elementos destacados, el documento estableció que las condiciones climáticas adversas de esa noche actuaron como un factor desencadenante, pero no como la causa principal del colapso.

El análisis pericial puso el foco sobre una serie de fallas estructurales que, según los expertos, resultaban evitables con la aplicación de medidas técnicas adecuadas. En ese sentido, la Fiscalía consideró que tanto Yáñez como Juri tenían la responsabilidad profesional de haber adoptado controles y previsiones adicionales para reducir los riesgos.

Al evaluar la evidencia, el Ministerio Público sostuvo que la conducta de ambos encuadra en la figura penal de estrago culposo agravado, una calificación que de sostenerse podría acarrear condenas de entre uno y cinco años de prisión.

En el avance de la causa, se estableció que los imputados serán indagados en las próximas horas. El proceso, que aún se encuentra en etapa de investigación, busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el desenlace fatal. Según publicó El Doce, la fiscalía entiende que existió un delito contra la seguridad pública por parte de los profesionales a cargo de la obra, al no haber extremado los controles técnicos que la magnitud del proyecto exigía.

El derrumbe, que tuvo lugar en un bar ubicado en la planta baja del edificio, se produjo cerca de las 23 horas, justo cuando la capital cordobesa atravesaba un evento meteorológico con fuertes ráfagas de viento. Las primeras tareas de rescate estuvieron a cargo de bomberos, personal médico y agentes de Defensa Civil, que se desplegaron rápidamente en la zona.

La Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la víctima y aseguró que el protocolo de emergencia funcionó de acuerdo a lo previsto. Según el documento, las causas del colapso serán determinadas en su totalidad por la Justicia, que ya actúa en coordinación con el municipio y otras áreas técnicas.

El caso, que permanece bajo investigación, se consolidó en la agenda pública de la ciudad por la magnitud de sus consecuencias y la cantidad de personas afectadas.

La instrucción avanza en la recolección de pruebas y las indagatorias de los imputados, mientras se aguardan definiciones sobre la eventual elevación a juicio. De confirmarse la calificación legal, Yáñez y Juri podrían enfrentar penas de prisión de uno a cinco años, según lo dispuesto por la normativa vigente.

La determinación de responsabilidades técnicas y penales es seguida de cerca por familiares de la víctima y los heridos, así como por los vecinos de la zona y los organismos de control.