El Gobierno de Salta comunicó que se aplicará una multa "ejemplificadora" a los organizadores del casamiento celebrado en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, tras constatar que el evento se realizó con un permiso falso. El caso cobró notoriedad luego de que circularan imágenes de la celebración en plena área protegida y la aparición de un documento presuntamente oficial que, según las autoridades, nunca fue emitido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La situación tomó estado público cuando se difundieron fotografías del evento en uno de los paisajes más emblemáticos de Salta, lo que derivó en la intervención inmediata del organismo ambiental. De acuerdo con el testimonio de Alejandro Aldazábal, titular de la Secretaría, la supuesta autorización presentada carecía de todo respaldo legal, administrativo y técnico. "El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo", señaló en declaraciones a diversos medios. "Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto", agregó, desestimando cualquier validez del documento en cuestión.

La investigación reveló que la organización del casamiento se llevó adelante en una propiedad privada dentro del área de la reserva, pero sin tramitar la autorización exigida por la normativa provincial, que regula las actividades en áreas protegidas bajo la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas disposiciones establecen la obligatoriedad de una evaluación de impacto ambiental previa y la emisión de permisos formales con recomendaciones sobre sonido, residuos, distancias y horarios. En este caso, la Secretaría de Ambiente no recibió ninguna solicitud formal y, por lo tanto, no se emitió ninguna autorización válida.

El Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Cafayate por la presunta falsificación de instrumento público. En paralelo, se inició un sumario administrativo que determinará el monto definitivo de la multa, que, según adelantó Aldazábal, será "lo suficientemente duro como para que no vuelva a suceder". El funcionario remarcó que la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar la legalidad en la utilización de los recursos naturales de la provincia.

Además, el secretario aclaró que la propietaria del predio tenía la responsabilidad de gestionar las autorizaciones pertinentes tanto en el ámbito provincial como municipal. La ausencia de estos trámites impidió a los organismos provinciales prever y mitigar el impacto ambiental de la celebración, una cuestión considerada central dentro del esquema de protección de áreas naturales.

La difusión del caso impulsó la revisión de los mecanismos de control en las áreas protegidas y puso bajo la lupa el cumplimiento de los procedimientos administrativos. El equipo de guardaparques de Cafayate se presentó en el lugar del evento, aunque no pudo ingresar por tratarse de una propiedad privada, y se limitó a supervisar que el impacto no se extendiera más allá de los límites establecidos.

El proceso administrativo en curso determinará el monto específico de la multa y se complementará con otras medidas de recomposición ambiental si así lo exige la autoridad competente. Aldazábal destacó que la intervención judicial es parte del procedimiento habitual en estos casos y que la denuncia se presentó apenas se tomó conocimiento del hecho.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable subrayaron que cualquier actividad similar solo puede realizarse contando con la documentación técnica, la evaluación de impacto y el respaldo de los organismos responsables.