La segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, Juan Peluc y Nicolás Mayoraz, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente. La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la exdiputada Graciela Camaño. La legisladora, reconocida por su experiencia en cuestiones reglamentarias en la Cámara Baja y respetada por sus pares, inició su exposición impugnando la audiencia pública "como paso administrativo previo a los juicios que se iniciarán si prospera el proyecto de reforma de la Ley. La no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto", afirmó.

Camaño, quien habló durante poco más de diez minutos, advirtió a los diputados que el proyecto "cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera". Para cerrar, Camaño fue contundente: "La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Otra exposición relevante fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares. "Esta ley no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades, sino que, por el contrario, genera nuevas; y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas". Villagra advirtió que la propuesta de La Libertad Avanza "deja sin resguardo parte del ambiente periglacial que contiene hielo, que por estar bajo tierra no es fácilmente inventariable pero cumple con las funciones hídricas señaladas".

Finalmente, Villagra remarcó que el proyecto libertario no prevé presupuesto para el IANIGLA, "lo que nos deja en una situación de incertidumbre".

La segunda jornada de la audiencia pública, en la que el oficialismo limitó la presencia y los tiempos de exposición, concluyó sin sobresaltos. La mayoría de los diputados ya se había retirado.

Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores "mineros" para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.

En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.

Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.