El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada "Ley de Hojarascas", un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. En los fundamentos se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.

El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un "carnet de mochilero", la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

Entre las motivaciones expuestas para la eliminación de normas, el Ejecutivo detalla:

• Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil.
• Leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital.

• Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional.
• Leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.

El proyecto afirma que el sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, involucra apenas al 0,1 % del público, mientras que los costos de gestión superan el valor de los premios sorteados.

• Normas que refieren a organismos o procesos extinguidos, como los relativos al "Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas", Ediciones Culturales Argentinas o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión —todos disueltos hace décadas—.
• Leyes que crean organismos sectoriales con financiamiento del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, entidades que, tras la reforma propuesta, deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales.

El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional —como la pena de azotes prohibida en 1853—, beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación por la gratuidad general de la educación pública, y regulaciones que condicionan la creación o promoción de actividades culturales, artísticas, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.

Entre los casos paradigmáticos citados por el Poder Ejecutivo, destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974, que fue impulsada en contexto de represión antisubversiva. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la imposición de contenidos mínimos para la transmisión televisiva o radial, o la declaratoria como "de interés nacional" de actividades u organismos que nunca tuvieron operatividad o cuya utilidad desapareció con el tiempo.