Desde las 17 de este miércoles, distintas organizaciones y agrupaciones comenzaron a manifestarse en los alrededores del Congreso, donde en la Cámara de Diputados se desarrolla la primera audiencia pública por el proyecto de Ley de Glaciares. Junto a los manifestantes ambientalistas y opositores al Gobierno, también hay un puñado de jubilados que realizan su clásica marcha de miércoles.

En los primeros minutos de movilización, la situación transita con tranquilidad y con poca concurrencia. Con el correr del tiempo, acudieron más personas y se agruparon en Riobamba y Bartolomé Mitre. Sin embargo, de forma preventiva, el Congreso se encuentra completamente vallado, como se suele hacer en los operativos de seguridad en este tipo de casos.

La intención de los manifestantes fue armar una audiencia paralela para poder escuchar la forma en la que los legisladores debaten sobre el proyecto de ley. La dinámica parlamentaria atraviesa una polémica en torno a las limitaciones establecidas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

Estas comisiones, desbordadas por una inscripción que excedió las 120.000 personas, dispusieron que solo 200 ponencias podrán presentarse en vivo —tanto presenciales como virtuales—, mientras que el resto deberá enviar su exposición en video.

La movilización fue convocada frente al Congreso para las 17 y fue promovida por organizaciones ambientalistas junto a diversas bancadas de la oposición. La invitación llevó el lema: "Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen". Desde el comienzo de la iniciativa, la decisión fue realizar una audiencia paralela y que sirva de visibilización y de protesta.

Los presidentes de ambas comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, también determinaron que únicamente los diputados que integran cada comisión tendrán acceso al recinto, junto con dos asesores por bloque, aunque el reglamento contempla la presencia de todos los legisladores.

Después de que la Justicia rechazara el amparo presentado por organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y permitir la exposición de todos los inscriptos en el Congreso, esas mismas organizaciones, con el respaldo de bloques opositores, convocaron una manifestación para exigir que se los deje participar.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volverá a experimentar restricciones debido a una serie de cortes. Según información de Infobae, desde las primeras horas del miércoles comenzaron a implementarse interrupciones en distintos puntos de la ciudad:

Las organizaciones campesinas, los representantes de pueblos originarios y trabajadores de la economía popular consideran que la normativa pone en riesgo la protección de las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina. "Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha", afirmó el diputado Juan Grabois.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Teresa García, explicó: "Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—".

Mientras La Libertad Avanza intenta evitar cualquier discusión y acelerar el proceso, el oficialismo busca cumplir cuanto antes con el requisito legal de la Audiencia pública para avanzar hacia un dictamen y, posteriormente, llevar el tema al recinto. Pese a las críticas recientes dirigidas al presidente Javier Milei por $Libra y al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su estilo de vida, que no se corresponde con sus ingresos, el bloque oficialista se mantiene enfocado en sortear obstáculos y continuar con el trámite legislativo.

La UOCRA concretó una movilización de gran magnitud en las cercanías del Congreso de la Nación, con el objetivo de resaltar el papel que la actividad minera desempeña en la creación de empleo en diversas provincias. Voceros del gremio pusieron el foco en la continuidad y el impulso de los proyectos mineros, que sostienen aproximadamente 17.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde las alternativas laborales suelen ser más escasas.

Durante la manifestación, dirigentes de UOCRA remarcaron la importancia de impulsar una minería que integre el desarrollo productivo con la responsabilidad ambiental. Además, expresaron expectativas respecto a que el avance de la industria minera compense la reducción de empleos en la construcción, una consecuencia directa de la paralización de la obra pública en el país.