25 de marzo de 2026
Ley de Glaciares: ambientalistas y bloques opositores convocaron a una marcha contra los límites de participación en el Congreso
La protesta de mañana se organiza tras la negativa judicial a ampliar la audiencia pública y busca visibilizar el reclamo por la representación social en el debate legislativo sobre la norma que regula áreas periglaciares
Este miércoles 25 de marzo el Congreso de la Nación vuelve a la actividad. La Cámara de Diputados recibirá a los primeros 100 oradores para la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares.
La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, que solo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los diputados pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.
Luego de que la justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición organizan para mañana una manifestación "para que nos dejen exponer".
"Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—", señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. "Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha", agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.
La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.
La marcha a la que hacen referencia está citada para mañana a las 17 horas en el Congreso por las organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición y tiene como consigna "trae tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen".
"La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública", dijo la diputada García.
En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.
"El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país", explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.
Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas "periglaciares". Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar "ambiente periglacial" por "geoforma periglacial", lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.
