Las estructuras levantadas son trasladadas a un depósito estatal en La Boca, donde permanecen almacenadas por un lapso de dos meses. Si luego de ese plazo nadie paga la multa correspondiente para recuperarlas, el mobiliario se destina a disposición final.

La política de remoción, enmarcada dentro de un plan integral de recuperación del espacio público, tiene como eje central el concepto de “inactividad prolongada comprobada”. Los equipos de inspección no sólo verifican la apertura o cierre de los puestos, sino que también documentan el estado de cada estructura y su impacto en el entorno. El objetivo, explicaron desde el Ministerio de Espacio Público, es evitar que las veredas se conviertan en depósitos de mobiliarios sin uso, lo que afecta la higiene urbana y la seguridad de los transeúntes.