Uno de los focos de la discusión está en la validez de videos y registros audiovisuales obtenidos por empleados y cámaras de seguridad del local donde ocurrieron los hechos. La defensa de Páez pidió retirar esas pruebas argumentando que habría irregularidades en la cadena de custodia y posible manipulación.

Además, se remarcó que la acusación no depende de un solo video, sino de un conjunto de pruebas. Por eso, si en la fase de juicio se confirma la autenticidad o se descartan ciertas imágenes, “seguirán existiendo elementos suficientes para que el caso continúe”.

La defensa de Páez insistió en que no existió “dolo”, es decir, intención de cometer un delito, y argumentó que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural sobre la norma brasileña. Para el fiscal, esa explicación queda descartada por las pruebas reunidas.

Según consta en el documento, la argentina fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito. A pesar de eso, “la acusada persistió y agravó sus expresiones en la vía pública”.

Otro punto planteado por la defensa fue comparar la injuria racial con delitos menos graves, pidiendo un tratamiento más flexible. La Fiscalía recordó que, desde la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial pasó a considerarse una forma de racismo para la ley brasileña. Por eso, este delito no se juzga de la misma manera que una ofensa común, sino que recibe una protección especial.

La defensa de Páez solicitó que, en virtud del Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil, la acusada pudiera volver a su país, enfrentar el proceso desde ahí o cumplir una eventual condena en Argentina.

La Fiscalía, sin embargo, negó ese camino: dice que el tratado rige una vez que hay condena definitiva y con la aceptación de ambos países y de la persona condenada.