El diagnóstico de la UCA describe una estructura social “profundamente heterogénea” y “reproductora de desigualdades”. En términos de movilidad intergeneracional, el 43,3% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la que tuvieron sus padres. Esta percepción de movilidad descendente alcanza al 57,8% en el estrato muy bajo, frente a un 30,8% en los sectores medios-altos.

El reporte analiza la dinámica de la pobreza en un contexto de reformas estructurales que el ODSA-UCA define como un “shock de ajuste”. Si bien se registra una caída en los índices de pobreza monetaria —que pasó del 45% en 2023 al 36,2% en 2025—, el Observatorio advierte que esta mejora responde principalmente a la desaceleración inflacionaria y no a un aumento real del poder adquisitivo o del consumo.

En el ámbito laboral, el informe señala que, aunque la actividad económica creció un 3,5% interanual hacia fines de 2025, este crecimiento no se tradujo en la creación de empleo formal. Los sectores que lideraron la expansión, como la agricultura y la intermediación financiera, tienen una baja demanda de mano de obra. Como contrapartida, el empleo no registrado ganó protagonismo, alcanzando el 45% del total de los ocupados en el tercer trimestre de 2025.

Uno de los puntos más críticos del informe de la UCA es la distinción entre la pobreza medida exclusivamente por ingresos y lo que el Observatorio denomina “estrés económico”. Esta categoría busca capturar la experiencia subjetiva y cotidiana de los hogares argentinos, y los resultados son alarmantes: el 46% de la población manifiesta vivir bajo condiciones de estrés económico, lo que significa que, independientemente de si sus ingresos los sitúan técnicamente por encima de la línea de pobreza, perciben una incapacidad real para cubrir sus necesidades básicas.

El documento deja claro que, a pesar de la desaceleración de la inflación y una leve recomposición nominal de algunos salarios, el sentimiento de privación económica no ha cedido en la misma proporción. De hecho, en el estrato socioeconómico muy bajo, esta percepción de asfixia financiera alcanza a 7 de cada 10 hogares.

En cuanto a la salud, el 32,6% de los hogares presenta algún tipo de privación en el acceso a recursos sanitarios. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar medicamentos como el colapso en la atención del sistema público, que debe absorber a quienes pierden la cobertura de medicina prepaga o de obras sociales por la caída del empleo formal.

Finalmente, el estudio advierte sobre la “privación de futuro” que implica el déficit en el capital humano. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vive en hogares con privaciones múltiples que van más allá del dinero: falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y exclusión digital.

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