En declaraciones televisivas, la mujer explicó que Pedraza no tenía una condena firme y permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial. Sostuvo que aquella noche, a pesar de los pedidos de auxilio de su hija, el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas y priorizó la evacuación de otras internas antes que la de Guadalupe.

Romero aseguró: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”, solicitando ser querellante en la causa. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

La familia también planteó la posibilidad de que se hayan cometido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación dependerá del avance de la investigación. En este sentido, solicitó que se convoquen a testigos, internas y personal médico para declarar, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria con el objetivo de verificar si se cumplieron los protocolos de emergencia.