Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

Hasta el momento, los investigadores manejan dos hipótesis sobre su paradero. Por un lado, consideran que Serapio se haya quitado la vida en una zona inhóspita; por otro, sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días y no se descarta un eventual cruce clandestino hacia Chile o Bolivia.

Las críticas al accionar judicial no tardaron en aparecer. Familiares de la víctima y organizaciones sociales reclamaron la falta de medidas en la vivienda de los padres de Serapio: el allanamiento fue breve, no se confiscaron teléfonos celulares y no se activaron herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones. La propia madre admitió ante la Justicia haber hablado con su hijo tras el crimen, pero ese testimonio no derivó en acciones concretas para profundizar la investigación.

El contexto de la huida plantea desafíos adicionales para las fuerzas de seguridad. El área de Campo Quijano y la región hacia la frontera presentan condiciones geográficas complejas, con zonas de difícil acceso y escasa conectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Además, la proximidad a pasos fronterizos no habilitados refuerza las sospechas de una posible salida del país.

La causa judicial permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que por estas horas evalúa nuevas medidas. Se analiza la incorporación de recursos tecnológicos y la ampliación del radio de búsqueda, aunque no se precisaron plazos para la ejecución de estos operativos.