Esta situación, a juicio del Gobierno, evidenció un desfasaje entre la legislación vigente y la realidad social, ya que “la ley permaneció anclada en otra época”. Para la administración nacional, el país “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.

Además, se enfatizó: “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.

“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cerró el mensaje oficial.

Adorni, en su cuenta oficial de X, escribió: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

“Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, agregó la legisladora.

La implementación de institutos especializados, donde los adolescentes condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, será una de las prioridades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.

En el caso de delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, la edad de imputabilidad baja a 14 años y la pena máxima de prisión se fija en 15 años.