El presidente Rodrigo Paz atribuyó el incidente a un “boicot” interno impulsado por personal de la petrolera estatal vinculado a la gestión anterior.

Los sindicatos de transportistas exigieron la renuncia de los responsables y la implementación de medidas de compensación para los propietarios de vehículos afectados. El gobierno inició conversaciones con representantes del sector para acordar mecanismos de reparación.

Ayala, quien trabajó previamente en el área de hidrocarburos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, aseguró que nunca militó en ningún partido político ni formó parte de la cúpula de ninguna administración.

La crisis por el combustible y la renuncia de Ayala se producen en medio de tensiones políticas en el gobierno de Paz. El vicepresidente Edmand Lara presentó el mismo día una denuncia penal contra el presidente de la petrolera estatal por supuestos contratos con sobreprecio y acusó al ejecutivo de corrupción, lo que profundiza las fracturas en la actual administración.