“No cumplir un fallo es un delito. Es nada más y nada menos que incumplimiento de los deberes de funcionario público para empezar”, sintetizó ante Infobae una fuente libertaria para dar respuesta ante el accionar del Poder Ejecutivo ante un escenario similar al ordenado por el juez federal Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.

Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó durante la madrugada del miércoles en la reglamentación de la suspendida Ley de Emergencia en Discapacidad sobre la fecha límite establecida por González Charvay. “Lo que nos hizo avanzar fue la catarata de sentencias en contra”, ironizó a este medio un fuente con acceso al despacho presidencial.