El arribo de los convoyes oficiales fue observado por residentes que ondeaban banderas sirias y expresaban su apoyo. En paralelo, la ciudad permanecía bajo toque de queda temporal impuesto por las fuerzas kurdas. Marwan al-Ali, jefe de seguridad interna designado por el gobierno en la provincia de Hasaka, instó a sus unidades a cumplir sus tareas conforme a las leyes y proteger tanto a la población como los bienes públicos y privados.

El acuerdo también contempla la transferencia de infraestructuras estratégicas como los campos petroleros, el aeropuerto de Qamishli y los pasos fronterizos al control del Estado en un plazo de diez días. La administración siria busca así extender su autoridad sobre todo el territorio nacional, dejando únicamente la provincia de mayoría drusa de Sweida fuera de su control directo. En esa región y en la costa alauita se han registrado episodios recientes de violencia sectaria.

El Ministerio del Interior sirio señaló que el despliegue garantiza una transición ordenada de la seguridad, la protección ciudadana y la promoción de la estabilidad bajo la normativa vigente. Por su parte, fuentes kurdas calificaron la iniciativa como una “prueba” para la cooperación futura con el gobierno central y alertaron sobre el riesgo de perder los derechos adquiridos durante años de autogobierno en la región conocida como Rojava.